Tendrá que estudiar cómo será la votación, ya que el proceso corresponde a las Cortes y debe ser ratificado también por el Senado
MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso está convocada este martes para decidir si activa el concurso público que renovará el Consejo de Administración de RTVE, una vez incluidas las correcciones jurídicas que el órgano encargó a los letrados de la Cámara.
Terminaría así el proceso que se inició en septiembre con la probación de la Ley de la Corporación, en la que se modificó el sistema de elección de los miembros de la cúpula de RTVE. La nueva norma recoge que ésta se hará por concurso público y que los candidatos necesitarán el apoyo de tres quintos de las cámaras en una primera vuelta, mientras que en una segunda sería válida la mayoría absoluta, siempre que el candidato tenga el apoyo de, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios.
Sin embargo, este sistema, con el que la oposición quería echar al actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, antes de que su mandato acabase el próximo 22 de junio, se bloqueó en diciembre de 2017, al no ponerse los partidos de acuerdo para crear un reglamento que sentase las bases del concurso público.
Hubo que esperar hasta el pasado mes de abril para que todos los grupos en la oposición se pusieran de acuerdo para crear un calendario y unas bases para la elección de los nuevos directivos de la Corporación.
Este texto, tras ser estudiado por la Mesa del Congreso causó ciertas dudas, tanto en la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, como en los miembros del PP de la mismas. Pastor decidió, así encargar un informe a los servicios jurídicos del Congreso, para que determinaban si el reglamento de la oposición estaba ajustado a la ley.
UN TEXTO CON "PROBLEMAS DE FONDO"
Este documento confirmó las dudas de la presidenta. El texto señala que, aunque el concurso no supone "plena ilegalidad", sí presenta algunos "problemas de fondo" sobre los que, a su juicio, preciso "advertir".
Así, los letrados advierten de que, según la ley, los miembros del Consejo de RTVE deben ser elegidos por los plenos de Congreso y Senado "con mayoría de dos tercios en primera votación y con mayoría absoluta en segunda, siempre y cuando la candidatura hubiera sido planteada por al menos la mitad de los grupos de la Cámara que corresponda".
Sin embargo, la propuesta de concurso no habla en ningún momento de elección por parte de los grupos, sino de un comité de expertos encargado de hacer la selección de aspirantes.
Precisamente, la labor de estos expertos también se pone en cuestión, ya que el concurso público recoge que formarán el órgano encargado de evaluar a los aspirantes y de elevar un informe a la comisión parlamentaria que ha de examinarles, una labor que podría no encajar con la ley.
Y es que, con esa redacción la capacidad decisoria de las Cámaras se hallaría "disminuida" porque da más peso a los expertos que el que otorga la ley. Además, advierten de que no se prevé un sistema de impugnación para aquellos que puedan ser descartados, ni se ha programado un plazo de "subsanación para el caso de incumplimiento de los requisitos formales, ni solución para la eventualidad de que no se preseleccione a un número suficiente de candidatos".
EL PROYECTO DE LOS CANDIDATOS, NO VINCULANTE
Los letrados también señalan que el texto de la oposición distingue dos procesos distintos, uno para los candidatos a consejeros y otro para el futuro presidente de RTVE. Esta división "tiene difícil encaje" con la ley, según los expertos jurídicos, ya que en esta se señala que "sólo puede ser presidente quien tiene la condición de consejero de la Corporación". Además, advierte que debe ser el Congreso quien debe elegirlo, "haya o no optado por este cargo desde un principio".
Otra cuestión que no se ajustaba a la ley es el "proyecto de gestión vinculante para todo el mandato" que se exige presentar a los candidatos a la presidencia de RTVE y que, para la oposición, pasa a formar parte del contrato-programa.
En este sentido, se acepta que puedan presentar un proyecto, pero no que éste pueda ser vinculante, pues la ley dice que son las Cortes Generales las que aprueban mandatos-marco en los que se concretan los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados, y que están vigentes nueve años.
EL SENADO TAMBIÉN DECIDE
Limitar el número de órganos de la Cámara implicados en el procedimiento; corregir algunos de los requisitos que se exigen a los aspirantes al Consejo de Administración; o especificar quién convoca la apertura de la convocatoria y los plazos a seguir, son otras de las cuestiones que han tenido que solucionar los servicios jurídicos.
Durante la reunión de este martes, los letrados también tendrán que aclarar a los miembros de la Mesa cuál será el sistema de votación en este caso, ya que la Mesa del Senado también tiene que ratificar este texto.
