MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha respaldado por unanimidad una Proposición no de Ley de CiU, consensuada con PP y PSOE, que emplaza al Gobierno a elaborar un Plan de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) para fomentar las buenas prácticas en el tejido empresarial.
En concreto, en la iniciativa se pide al Ejecutivo fomentar la RSE vinculada al crecimiento y a la competitividad, con especial atención a su desarrollo en las pymes; mejorar la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas, favoreciendo su reconocimiento público; y fomentar la transparencia de aspectos no financieros --ambientales, sociales y de buen gobierno-- en las empresas y organizaciones, según los estándares reconocidos a nivel nacional e internacional.
También se pide promover la RSE en la Administración Pública y dentro de las empresas públicas, teniendo en cuenta la actividad y dimensión de la misma e incorporando la RSE en los criterios de compra pública; e incrementar el conocimiento de estas iniciativas, al incorporarla en la formación secundaria y universitaria, entre otras cuestiones.
El portavoz de Empleo y Seguridad Social de CiU, Carles Campuzano, ha recalcado la importancia de la RSE desde el convencimiento que "una buena política" en esta materia "puede mejorar la competitividad de las empresas y contribuir a superar la crisis" actual.
"Las políticas de RSE pueden mejorar la posición competitiva de las empresas tanto en gestión de riesgos no financiaros, como en anticipación de regulaciones que pueden promover los parlamentos o gobiernos o de mejor gestión de los trabajadores de esa empresas", ha incidido Campuzano, quien ha señalado que la crisis económica actual se puede explicar en parte a la "irresponsabilidad de muchos de los actores sociales y económicos y políticos".
El responsable de Empleo de CiU ha insistido en la necesidad de que el Gobierno se implique en el fomento de la RSE y adopte "políticas públicas que acompañen" esta estrategia ya que, en su opinión, hay que reforzar la transparencia en relación a la información no financiera de las empresas. Para ello, ha abogado por fijar unos criterios homogéneos que permitan verificar si una empresa es efectivamente socialmente responsable.
Asimismo, ha defendido que, desde la Administración pública, se promuevan prácticas responsables de RSE a través de la contratación pública, y la necesidad de extender el conocimiento sobre el impacto de las buenas prácticas del tejido empresarial.
