MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso aprobó hoy por unanimidad pedir al Gobierno que extienda el uso de los dispositivos electrónicos que permiten el seguimiento individualizado vía GPS de los condenados por violencia de género. Asimismo, pide que se potencie el Servicio de Teleasistencia móvil para las mujeres víctimas.
La medida forma parte de una batería de iniciativas que la Cámara Baja solicita al Gobierno en una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos parlamentarios a una moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular. Así, insta al Ejecutivo a seguir impulsando medidas de lucha contra la violencia de género, en coordinación y colaboración con las demás administraciones públicas y agentes sociales y organizaciones de mujeres implicadas en su erradicación.
"A tal efecto, continuará desarrollando el Catálogo de Medidas Urgentes y las medidas adicionales aprobadas por el Consejo de Ministros, así como el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, éste último con la finalidad de garantizar su plena efectividad al finalizar su vigencia temporal en diciembre de 2008", reclama la Cámara Baja.
Entre las medidas que debe implementar el Ejecutivo, está la realización de campañas de información y sensibilización permanentes e incrementar campañas de información en los medios de comunicación dirigidas a promover las denuncias de las víctimas. En la misma línea, plantea actuaciones dirigidas a la formación de los profesionales de los medios de comunicación para mejorar el tratamiento de las noticias relacionadas con este tema.
AUTORREGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD
Más concretamente, recoge campañas de prevención y sensibilización sobre violencia de género y discapacidad, así como hacia las mujeres del medio rural. A su vez, debe buscarse un acuerdo de colaboración con la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial "Autocontrol" con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de publicidad.
Además, el Gobierno deberá poner en marcha un teléfono gratuito de ámbito estatal que garantice una atención especializada las 24 horas al día. En la misma línea, tendrá que buscar acuerdos con las empresas para la contratación de víctimas de violencia de géneros, y adoptar criterios comunes de formación para los profesionales que intervienen en todo el proceso de atención a las mujeres afectadas.
Igualmente, el texto plantea la aprobación de un Protocolo común para la actuación sanitaria en violencia de género y la incorporación de nuevos efectivos a la protección y seguridad de las víctimas. Junto con ello, reclama la creación de 43 Juzgados de Violencia sobre la Mujer con competencia exclusiva.
Más aún, incluye la promoción de proyectos autonómicos y locales innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social integral, así como la puesta en marcha de un Protocolo de Valoración de Riesgo que contribuya a determinar la medidas de protección y vigilancia a adoptar en cada caso concreto.
LA LEY NO REDUCE LAS MUERTES
La diputada del PP, Susana Camarero, aseguró que la Ley Integral contra la Violencia de Género no ha servido para reducir el número de víctimas mortales, ni aumentar la confianza de las mujeres ni disuadir al agresor. "El Gobierno no puede permitir que una sola mujer que denuncia no tenga la protección necesaria para que su agresor no se salga con la suya", dijo recordando a la última víctima mortal, registrada hoy en Burriana (Castellón) y cuyo agresor tenía una orden de alejamiento.
Por su parte, la socialista María Dolores Pérez Anguita, reconoció que la Ley Integral no tiene efectos inmediatos frente a los asesinatos. "No estamos evitando las muertes --admitió--. Las medidas de hoy tampoco van a eliminar las muertes". No obstante, aseguró que la capacidad para abordar el problema es en la actualidad muy superior a cualquier otra época y advirtió de que en la violencia de género no debe haber lugar para la demagogia.
El resto de grupos parlamentarios, que apoyaron la Ley, manifestaron asimismo su apoyo a una Ley suscrita en su momento por todos los grupos parlamentarios, pero reconociendo al mismo tiempo la existencia de disfunciones en su aplicación.
