MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados retoma este martes los trabajos de una de las leyes sociales que han sido cuestionadas por Vox durante las negociaciones de este partido con el PP para la investidura en Andalucía: la ley que ahonda en los derechos del colectivo LGTBI.
La formación que preside Santiago Abascal defiende la derogación de este tipo de leyes porque considera que atribuye privilegios a una parte de la población --los homosexuales o transexuales, en este caso-- y, durante las negociaciones con el PP en la comunidad autónoma, planteó a los de Pablo Casado que las eliminaran.
Aunque esta petición no fue aceptada, puso en el debate político la necesidad de esta norma, así como la ampliación de la relativa a la violencia de género o la de Igualdad de trato y no discriminación, que también se tratan esta semana en la Cámara baja.
La norma LGTBI ha sido registrada en el Congreso por Unidos Podemos, pero está impulsada por la Federación Estatal que representa al colectivo (FELGTB). En ella, se recoge la despatologización de la transexualidad, la creación de un centro de memoria histórica LGTBI o el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos.
EL PP PRESENTÓ UN TEXTO ALTERNATIVO
En su toma en consideración, en septiembre de 2017, el texto recibió el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Estos dos partidos, junto con Foro Asturias, fueron, además, los únicos que apoyaron un texto alternativo que presentaron los 'populares'.
La propuesta de los de Pablo Casado, según criticaron el resto de grupos, apenas tenía medidas concretas y llegaron a calificarla de norma de "mínimos". En respuesta, el PP acusó a Unidos Podemos y a la FELGTB de redactar una ley que invade competencias autonómicas, como pueden ser, por ejemplo, las relacionadas con cuestiones sanitarias.
Además de esta norma, el Congreso incluye en su agenda de mañana la ponencia que trata el la ley del PSOE para lograr la igualdad de trato y no discriminación por motivos de sexo, origen o relogión, entre otros.
Los socialistas, plantean para ello la creación de una autoridad independiente y unipersonal que pueda investigar de oficio posibles situaciones de discriminación, así como ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato, entre otras medidas. La norma fue tomada en consideración por unanimidad.
