El Consell valenciano solicitará al Gobierno la transferencia de las competencias para regular los chiringuitos

Actualizado: lunes, 30 noviembre 2009 17:09

VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat valenciana solicitará al Gobierno central la creación de una Comisión mixta, integrada por estas dos administraciones y por los ayuntamientos, en la que el Consell pedirá al Estado la transferencia de las competencias en materia de regulación de los establecimientos en la zona marítimo-terrestre, conocidos como chiringuitos.

Así lo anunció hoy el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, junto con la consellera de Turisme, Belén Juste, tras reunirse con concejales de Playas de municipios valencianos, donde hay establecimientos afectados por la modificación de la Ley de Costas que prevé derruir aquellos comercios situados en la arena cuya extensión supere los 150 metros cuadrados.

Castellano aseguró que trasladará esta petición al Gobierno central de manera "inmediata" con el objetivo de "regular y proteger" los establecimientos de la zona marítimo-terrestre, una cuestión que calificó como "prioritaria", ya que "tiene un impacto económico muy importante para uno de los sectores que más aporta al PIB de la Comunitat", como es el turismo.

Asimismo, recordó que el pasado mes de octubre el Gobierno valenciano ya impulsó una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat mediante el establecimiento de un epígrafe "específico" para dar "el máximo respaldo y protección" a estos establecimientos.

Así, la ley recogerá un nuevo apartado que contemple las instalaciones de ocio de temporada estival, lo que popularmente se conoce como chiringuitos y que son instalaciones eventuales, portátiles o desmontables ubicadas en zonas marítimo-terrestres. El cambio en la norma ya se está tramitando en las Corts Valencianes, según precisó el conseller.

Castellano criticó que la "actitud" del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, provoca que los chiringuitos "estén en peligro de extinción". De este modo, censuró que este tema "no se puede dejar a la ligera como hace" la administración central al decir que "no se pueden homogeneizar las soluciones y que hay que hacerlo por playas y provincias porque eso puede generar muchas injusticias", lamentó.

En este sentido, señaló que hoy se ha conocido que está previsto derruir un chiringuito en Oliva (Valencia) y destacó que la Generalitat valenciana "defenderá lo que, desde hace décadas, es una seña de identidad del paisaje turístico, que da empleo y servicios, y que tiene un impacto económico muy importante" para la Comunitat.

Por su parte, Juste coincidió en que este tipo de comercios son "importantísimos para el paisaje, la cultura y la oferta turística" de la región. En este sentido, alertó que, aunque en un principio se habló de 45 chiringuitos afectados, "a corto y medio plazo se pueden alcanzar los 500 en toda la Comunitat".

100 MILLONES MENOS

Esto tendrá consecuencias en el "empleo y en la riqueza", ya que, "si no se toma una decisión rápidamente por parte del Gobierno, se dejarán de ingresar 100 millones de euros", alertó la consellera de Turisme.

A su juicio, los chiringuitos "no es que complementen, sino que son parte" del litoral valenciano. Por ello, confió en "conseguir cuanto antes que se transfieran las competencias y que se pueda regular este asunto de la mejor forma para la Comunitat". Añadió que es necesario que las costas cuenten con "servicios para disfrutar del ocio y del descanso y todo lo que pide el turista".

Asimismo, la concejal de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, hizo hincapié en que la Generalitat y los Ayuntamientos "darán solución a la problemática sobre la supervivencia de los chiringuitos ante la evidente pasividad de la Dirección General de Costas y el Ministerio de Medio Ambiente".

La edil, en un comunicado, consideró que "la intranquilidad que supone esta situación por la falta de información del Ministerio, y los inminentes derribos que ya han empezado en la Comunitat Valenciana, han obligado al Gobierno autonómico y a los consistorios implicados a tomar medidas urgentes".