MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los últimos datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2005, cifran en 3,7 millones el número de residentes extranjeros en España con o sin permiso de residencia, explicó hoy la presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide, durante una mesa redonda celebrada en el Colegio Notarial de Madrid bajo el título 'Los derechos y la integración de los inmigrantes'. Alcaide subrayó además el crecimiento "intenso, rápido e inesperado" de residentes extranjeros, que situó en el 486% desde 1998 a la actualidad.
Por su parte el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, hizo hincapié en que el tema de la inmigración, en vista de estos datos, es uno de los grande "desafíos" que afronta España en la actualidad y que se ve agudizado por la "globalización".
Concretó que de ser un país en el que entre 1900 y 1930 la emigración legal e ilegal alcanzaba los 4,5 millones (el 25-30% de la población), se ha pasado en la última década al fenómeno inverso, es decir, que en este periodo han llegado a España "más de tres millones" de inmigrantes.
Recalcó, además, su "satisfacción" con la política de inmigración puesta en marcha por su Gobierno, que, aseguró "está surtiendo efecto", y destacó la buena acogida y la generalización que las propuestas españolas están teniendo entre los países de la Unión Europea.
MARCO EUROPEO
En este sentido, el ministro subrayó la elaboración, en el seno de la Unión Europea, de un Libro Verde sobre inmigración económica, la aprobación de distintas políticas para el fomento de la inmigración legal y de la integración de los inmigrantes en suelo europeo como el control de fronteras, a propuesta de España, o las políticas de cooperación tanto con el norte de África como con los países subsaharianos, de integración y de retorno humanitarias acompañadas con "el máximo posible" de ayudas económicas para el desarrollo endógeno de los países de donde salen los inmigrantes con destino a suelo europeo.
El titular del Ministerio de Trabajo incidió además en el "desbordamiento del marco legal" heredado de la etapa del anterior Gobierno popular, aunque matizó que no quería responsabilizar a nadie de esta situación porque, explicó, la inmigración no debería basarse en el enfrentamiento político.
Precisamente por ello, argumentó Caldera, el Ejecutivo socialista afrontó este "desafío" realizando una política de "inmigración", es decir, una política de Estado, y no una política "con la inmigración".
LEY DE INMIGRACIÓN
Para lograrlo, y partiendo del diálogo social con empresarios y sindicatos, se desarrolló una Ley de Inmigración que, según destacó Caldera, contó con el respaldo de las ONGs y de todas las fuerzas políticas, excepto el PP. Además, precisó que de las 557.000 altas en la Seguridad Social realizadas gracias al proceso de regularización puesto en marcha por el Ejecutivo socialista, el 98% de esas personas continúan dentro del mercado laboral.
Entre las medidas impulsadas por su departamento en esta materia también resaltó la creación de un fondo específico que este año alcanzará los 300 millones de euros, 180 de los cuales serán aportados por el Gobierno, y que está destinado no sólo a los inmigrantes sino a impedir el deterioro de servicios para los autóctonos.
Tras destacar la necesidad de acometer este regularización laboral para acabar con la economía sumergida que acarrea la inmigración, el titular de Trabajo hizo hincapié en los beneficios y los aspectos positivos de este fenómeno, entre los que citó la mejora de la productividad, la mejora de la renta per cápita o los buenos resultados de la contratación en origen.
Por último, el ministro hizo también una lectura de la inmigración en cuanto a valores éticos y morales y subrayó que los españoles se siente satisfechos de ser una sociedad de acogida en la que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones.
