31 de octubre de 2020
5 de febrero de 2020

El Defensor celebra la sentencia del TC que reconoce el derecho de las personas presas a comunicarse con periodistas

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recibido con satisfacción el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que coincide con el criterio de la institución que dirige y reconoce el derecho de las personas internas en centros penitenciarios a comunicarse con periodistas.

Así lo ha explicado la institución, que ha detallado que los recurrentes en amparo al TC en esta causa, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Asociación de la Prensa de Sevilla, aportaron al Tribunal Constitucional las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que son citadas en la sentencia en los antecedentes del hecho.

Según recuerda el Defensor del Pueblo, la institución recomendó al Ministerio del Interior modificar la normativa vigente para aclarar los supuestos en los que las personas que cumplen condena en las cárceles podían comunicarse con un medio de comunicación.

En este sentido, ha señalado que esta resolución vino motivada por una queja en la que dos asociaciones relataban el caso de un interno que había solicitado entrevistarse con un periodista y se le había denegado basándose en dos elementos que prefigurarían en la existencia de un "procedimiento no escrito y desconocido".

De este modo, las organizaciones que promovieron la queja ponían de manifiesto la falta de desarrollo infra reglamentario del artículo 49.5 del Reglamento penitenciario que regula las comunicaciones de las personas privadas de libertad con profesionales acreditados.

En opinión de la institución, "esta falta de desarrollo afecta negativamente a las personas privadas de libertad que desean ejercer este derecho y dota a la Administración de un amplio margen de discrecionalidad para emitir su decisión sobre estas comunicaciones".

Por este motivo, el Defensor ha indicado que recomendó al Ministerio del Interior modificar el artículo 49.5 del Reglamento penitenciario, pues en su opinión, dicho precepto no se adecúa a la funcionalidad de este tipo de comunicaciones.

Para la institución, "el derecho de los internos a mantener comunicaciones con profesionales debería sustanciarse conforme a un procedimiento escrito con garantías en cuya resolución se concreten las razones específicas por las que, en su caso, se deniega la autorización de comunicación solicitada".