MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha asegurado que, tras la publicación hace un año de un informe monográfico en el que denunciaba abusos y vejaciones en los centros de menores con trastornos de conducta, persisten las quejas, al tiempo que celebra que se hayan cerrado dos y retirado subvenciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro responsables de algunos de estos centros.
Así lo indica la institución que preside Enrique Mújica en el número de diciembre de su revista 'El Defensor al día', donde destaca también que el Comité Europeo Contra la Tortura manifestó su preocupación, durante su 43º periodo de sesiones, las alegaciones de la práctica de aislamiento a los internos (en habitáculos oscuros y sin ventilación) de estos centros, así como la administración de fármacos sin las adecuadas garantías.
No obstante, aplaude la reacción de las administraciones autonómicas tras la publicación del monográfico, ya que, asegura, han puesto en marcha diversas iniciativas como respuesta a las propuestas y recomendaciones formuladas por el Defensor en el documento. Se trata, sobre todo, de medidas referidas al marco regulador común, reglamentos internos, armonización de protocolos y normativa.
"A fecha de hoy, puede decirse que la publicación del trabajo ha tenido un efecto positivo, puesto que casi todas las comunidades están adoptando iniciativas y proyectos para mejorar la calidad en la atención a los menores que residen en estos centros", celebra la institución.
A raíz de las investigaciones, recuerda que se han cerrado centros de menores de Castilla La Mancha --Nuestra Señora de la Paz y Casa Joven, en los meses de septiembre y octubre, respectivamente--, una decisión que se suma a la clausura del centro de Tetuán (Madrid), tras la visita realizada por el personal del Defensor en 2007.
Otra de las repercusiones tangibles del informe ha sido la retirada de subvenciones públicas y privadas, así como conciertos con entidades que no fueron bien valoradas en el monográfico.
Si bien esta institución asegura que ha seguido recibiendo quejas en las que se denuncian irregularidades en el sistema de protección de menores y vulneraciones de derechos de los niños ingresados, también avanzó que éstas ya están siendo investigadas.
También recuerda que, tras la polémica generada por el documento del Defensor, se creó un grupo de trabajo promovido por el Ministerio de Sanidad y Política Social conforme a lo anunciado por el Gobierno en el Debate sobre el estado de la nación, previo acuerdo de los directores generales de todas las consejerías autonómicas competentes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ordenó que se abriesen diligencias preprocesales a fin de depurar posibles responsabilidades y, además, aprobó un protocolo de actuación en materia de inspección de centros de acogida, para su cumplimiento por parte de las secciones de menores de las fiscalías de las respectivas Audiencias Provinciales.
