18 de octubre de 2019
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  • 15 de febrero de 2009

    El Defensor del Pueblo acude este martes al Senado para informar sobre los malos tratos en centros de menores

    MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, comparecerá este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para explicar el informe elaborado por la institución pública que denuncia los malos tratos a jóvenes con problemas de inadaptación social y familiar o con trastornos de conducta en algunos centros de menores.

    La investigación, hecha pública el pasado dos de febrero, el Defensor del Pueblo denuncia que "muchos" de estos tipos de centros vulneran los derechos de los menores, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.

    El texto revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.

    A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas.

    Asimismo, la institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Esta práctica se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.

    Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.

    REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES

    Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

    A raíz de la publicación del informe, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los centros de menores con trastornos de conducta, y los grupos parlamentarios del PP y de ERC-IU-ICV solicitaron la comparecencia del propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para informar sobre los casos de malos tratos.

    Además, IU solicitó un modificación en la Ley del Menor para que se garantice que este tipo de centros "son públicos con garantías públicas", ya que, en opinión del diputado Gaspar Llamazares, "la privatización de estos centros es lo que ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales".

    Por su parte, el PSOE ha pedido también en el Congreso que se redacte "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.