MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo considera, en su informe anual de 2011, que la Delegación del Gobierno en Madrid podría haber adoptado medidas alternativas al bloqueo circulatorio de la Puerta del Sol decretado durante dos días de agosto justo después del desalojo de la acampada del movimiento 15M.
La institución se remite a lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que señala que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia, y en el ejercicio de este derecho no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley.
Por otro lado, el informe señala que las actuaciones policiales con ocasión de la manifestación laica del día 17 de agosto de 2011 dieron lugar a numerosas quejas de ciudadanos que consideraban que habían sido "desproporcionadamente violentas". Dicha marcha fue disuelta a su paso por la Puerta del Sol debido a los incidentes entre peregrinos y manifestantes.
Dichas quejas iban acompañadas de referencias a videos que podían
visualizarse en Internet en los que se documentaban algunas actuaciones. La Delegación del Gobierno en Madrid informó que se había actuado en todo momento en cumplimiento de la Constitución y las leyes, impartiendo las instrucciones oportunas para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de reunión, así como los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
En concreto, y para hacer efectivos estos derechos, se señalaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían recibido la orden de actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad para evitar que se produjeran daños graves, inmediatos e irreparables.
Según la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus competencias sancionadoras, abrió expediente disciplinario a tres funcionarios en relación con los incidentes ocurridos el 17 de agosto de 2011.
La investigación iniciada por esta institución sigue su curso y se ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid que amplíe la información remitida, precisando las órdenes impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para alcanzar los fines que menciona en su escrito, en especial el de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de reunión.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil informe sobre la tramitación de los expedientes sancionadores incoados y de las responsabilidades que se hayan podido determinar, de las denuncias que se hayan recibido en relación con los incidentes del 17 de agosto y de las informaciones reservadas que se hayan practicado para determinar otras posibles responsabilidades aunque no se haya procedido a incoar el correspondiente expediente disciplinario.
