MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las administraciones públicas destinarán unos 100 millones de euros a subvenciones para ayudas técnicas y adaptación de viviendas y destinará una inversión de 10.200 millones para la construcción de nuevas residencias, según consta en la memoria económica del Proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, al que tuvo acceso Europa Press.
El coste total nuevo previsto del Sistema para las Administraciones públicas se estima en 4.425 millones de euros anuales, a partir de 2015. La financiación media por beneficiario será de 375 euros mensuales y se prevé la creación de unos 263.000 empleos.
Por otra parte, tal y como se desprende de la memoria económica, el Gobierno calcula que entre 4.000 y 6.000 niños menores de tres años precisan cuidados o atenciones especiales y por tanto, serán atendidos por el Sistema Nacional de la Dependencia. Esto supondrá un impacto económico inferior a los 27 millones de euros anuales.
NIVEL MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
El futuro desarrollo reglamentario establecerá el nivel mínimo de protección garantizado que corresponde financiar a la Administración General del Estado. Igualmente, dependerá del nivel de intensidad de protección de los servicios y de las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas, que se acordará junto a las comunidades autónomas.
Según el texto, la priorización del gasto en dependencia de cada comunidad autónoma estará sujeto a sus disponibilidades presupuestarias. El Gobierno prevé realizar una evaluación del sistema cinco años después de la aplicación de la norma.
CRITERIOS DEL COPAGO
La memoria económica también explica los criterios del copago. Así, los beneficiarios del sistema contribuirán económicamente a la financiación del servicio en función de la renta disponible y de su patrimonio, teniendo en cuenta el tipo de servicio que se presta y su coste. En el supuesto de que la persona deba ser atendido en una residencia (el servicio de mayor coste), el Estado garantizará una cantidad para gastos personales.
La contribución de los beneficiarios se gradúa por tramos de renta, de tal forma que las personas con ingresos más altos participarán en porcentajes superiores. El Gobierno calcula que la aportación total de los usuarios se elevará a los 3.152 millones de euros.
A la hora de establecer las aportaciones, la Administración dará diferente tratamiento a aquellos servicios que constituyen un gasto suplementario sobre los gastos ordinarios a los que una familia debe hacer frente, respecto a aquellos que, aunque pueden ser más costosos, conllevan una minoración de los gastos familiares.
En el caso de los servicios residenciales, se establecerá un porcentaje de financiación pública, con el fin de distinguir entre los servicios específicos de dependencia, frente a los de hostelería y manutención.
