Igualdad y Bienestar Social estudia con los consistorios la creación de una caja única para los fondos transferidos
SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía controlará a partir del próximo año 2011 la gestión que los ayuntamientos realizan de los fondos transferidos para el pago de la ayuda a domicilio en los municipios andaluces, después de advertir que el impago de los consistorios a los trabajadores de este servicio previsto en la Ley de la Dependencia es un "hecho generalizado".
Tal y como explicó la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, en una entrevista con Europa Press, su departamento trabaja en estos momentos en una orden, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2011, y por la cual la Administración se proveerá de mecanismo para garantizar el pago de sus servicios a los trabajadores de la ayuda a domicilio en Andalucía.
La fórmula para blindar esta garantía la estudia la Junta actualmente con los ayuntamientos, según apuntó, pero la pretensión es que, además de comprobar el certificado que manda la intervención, se cree una caja exclusiva para estos fondos, vinculando el abono del mismo por parte de la Junta a que se acredite el pago de las nóminas de los trabajadores.
Navarro indicó que, precisamente, la Junta acaba de firmar con los ayuntamientos andaluces que tienen conveniada la prestación de la ayuda a domicilio --municipios de más de 20.000 habitantes o diputaciones provinciales para los de menor tamaño-- la transferencia de fondos para este segundo semestre de 2010, que asciende a 136,4 millones de euros.
Hay que recodar que la Administración andaluza es la única en España que transfiere con seis meses de adelanto estos fondos con el objetivo de que los munícipes no tengan que detraerlos de las arcas generales. Desde 2008 a 2010, la Junta ha invertido en la financiación de la ayuda a domicilio 578 millones de euros.
El servicio de ayuda a domicilio es una de las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia de la que actualmente se benefician 41.106 personas en Andalucía, lo que representa el 52 por ciento de todas las prestaciones de este servicio concedidas en España. Además, esta prestación es compatible en Andalucía con otros servicios como el centro de día o la teleasistencia.
"LA INVERSIÓN EN DEPENDENCIA SEGUIRÁ CRECIENDO"
Por otro lado, Navarro garantizó que las medidas de reajuste llevas a cabo por el Gobierno andaluz para hacer frente a la crisis económica "no supondrán en modo alguno un obstáculo para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Andalucía".
"El Gobierno andaluz prioriza por encima de cualquier otra cosa las política sociales, ya sean sanitarias, educativas o relativas a la Ley de la Dependencia, porque todo lo que sea atención a las personas no puede esperar", manifestó.
Así, apuntó que "no sólo no se ha frenado el desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que va creciendo día a día de forma muy considerable en número de persona atendida y prestaciones". Así, destacó que Andalucía atiende ahora a mismo a las mismas personas dependientes que las comunidades de Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y La Rioja juntas.
En este sentido, afirmó que la partida económica destinada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011 a la financiación de la Ley de la Dependencia "seguirá creciendo" desde los 790 millones de euros consignados este año, dado que siguiendo el calendario de la aplicación de la Ley hasta 2014, en 2011 entra en vigor un nuevo grado, concretamente, el Grado I en nivel II, del que se beneficiaran unas 40.000 personas en Andalucía, según las estimaciones iniciales.
La entrada en vigor del Grado I supone subir el tercer peldaño en la aplicación de la Ley de la Dependencia y atiende los casos de dependencia moderada, es decir, personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día.
Por último, la consejera subrayó que en los últimos tiempos el sistema de la Dependencia "ha ido ganando en agilidad", algo que se verá acrecentado en los próximos meses a raíz de la disposición aprobada por el Gobierno de España de no pagar las ayudas económicas dirigidas al cuidado en el entorno de la persona dependiente de manera retroactiva a no ser que el tiempo de la tramitación de la solicitud haya excedido los seis meses.
