VALENCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP en las Cortes Valencianas María Soledad Linares anunció hoy que la Conselleria de Bienestar Social va a emitir un nuevo decreto para agilizar y acortar el procedimiento de la tramitación de las solicitudes de la dependencia, de manera que el tiempo que pasa desde que se solicita el reconocimiento hasta que recibe la prestación "sea lo más corto posible".
Linares, en una moción subsiguiente a una interpelación sobre Dependencia, explicó que el decreto incluirá cambios en los procedimientos y en el reconocimiento de la situación de dependencia y en el procedimiento de elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA), con el objetivo, reiteró de "acortar los plazos desde la solicitud hasta que se dictamina el grado y nivel de la misma".
Los grupos de la oposición, en este sentido, reclamaron a la Administración que agilice los trámites y para ello, exigieron que sea la Conselleria la que asuma directamente la realización de expedientes de valoración y prescripción de los servicios, así como que simplifique los trámites de solicitud.
El diputado del PSPV Antonio Torres advirtió de que la presencia de la empresa Avapsa en el proceso de valoración y tramitación de las ayudas es "ilegal" porque sus trabajadores que no son funcionarios "infringen" la Ley al "acceder a datos de carácter reservado" y "no tienen derecho" a ello.
Además de estas peticiones, los diputados debatieron sobre la aplicación de esta Ley cada uno aportando unas cifras. Así, el parlamentario socialista Antonio Torres indicó que en la Comunitat, si la Generalitat "hubiera trabajado al mismo ritmo" que las demás comunidades tendría 35.000 valencianos que estarían recibiendo un servicio con cargo a esta Ley, sin embargo son 15.000, lamentó. "Estamos en una situación de desventaja", apostilló.
Linares contestó que a 1 de marzo son 34.059 los dictámenes de personas con el expediente de grado y nivel valorados, lo que supone que el 90.37% de las solicitudes están valoradas". Además, hay más de 20.000 personas que han solicitado el reconocimiento de la Dependencia pero, según las valoraciones preliminares realizadas "o no son dependientes con arreglo a los criterios de la Ley o lo son en grado o niveles que todavía no están en vigor" debido a la aplicación gradual de esta normativa.
También existen otras 6.000 solicitudes que se están tramitando por los servicios municipales creados en la Comunitat y de los que se están elaborando un informe social, indicó la diputada popular.
Por otro lado, el socialista Torres se refirió a las residencias y explicó que en España el 23% de los dependientes tienen asignado un recursos residencial, mientras que en la Comunitat esa cifra se eleva al 65%. Ante esto, se preguntó si hay un "especial interés por primar las ayudas de las residencias y centros de día"; "hay algún interés particular o económico del algún miembro del Gobierno valenciano de que hay el máximo número de ayudas que se desvían a las residencias", añadió.
La portavoz de la Agrupación de Diputados No Adscritos, Glòria Marcos, acusó al Consell de "boicotear de manera consciente" la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana
En este sentido, el diputado de Compromís, Josep Maria Pañella, se preguntó si las licencias de la Generalitat a residencias y centros de día forman parte de un cupo de "votos cautivos".
La parlamentaria popular destacó que el 32,64% tienen las prestaciones reconocidas en servicios residenciales, como marca la Ley, aseguró, frente al 16,28 del conjunto de España. Así, explicó que la Comunitat dispone de una red residencial de 42.000 plazas financiadas al 73% por la Generalitat, aseveró.
COSTE DEPENDENCIA
En la misma línea indicó que el coste de la Dependencia en la Comunitat en 2008 fue de 252 millones de euros, de los cuales, los usuarios han aportado 52 millones (20,63%), el Estado 51,3 (20,36%) y la Generalitat 148,7 millones (59,06%). Además, avanzó que para los dependientes severos, en 2009 el Estado ha comprometido 2,3 euros al día. Para el resto de dependientes españoles el Gobierno pagará seis euros diarios a cada uno.
Sin embargo, Antonio Torres rebatió estos datos y recordó que los datos de la diputada son de antes del acuerdo de noviembre de 2008 con el que el propio conselller, dijo, reconoce que el Gobierno aportó 62,709 millones para las personas que están en grado 3 y 2, ya que el Gobierno no tiene la obligación de subvencionar a todos los dependientes, mientras que la Conselleria sí que tiene esa competencia, apuntó.
Asimismo, resaltó que la aportación de la Administración del Estado, tras el último decreto aprobado, al mes como mínimo 263,93 euros por gran dependiente de nivel 2; 179,47 por gran dependiente de nivel 1 y 102 por el grado 2, nivel 2; y 70 por el grado 2, nivel 1.
