SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), ha elevado una reclamación administrativa a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con el objetivo de que la responsable del ramo, Teresa Jiménez, "asuma y acepte" su responsabilidad por la publicación de nombres de menores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Así lo dio a conocer en declaraciones a Europa Press el propio letrado sevillano, quien precisó que fue antes de iniciarse el periodo navideño cuando se registró esta reclamación aqdministrativa, que constituye un paso previo a la presentación de la demanda judicial, todo ello en el caso de que Jiménez "se esconda bajo el silencio y no acepte su responsabilidad".
En este sentido, Seco puso de manifiesto que la titular de Educación "tiene la obligación de asumir esta responsabilidad en todos sus términos" por la "vulneración" de los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen de los menores cuyas identidades aparecieron publicados en el BOJA.
Según recordó el abogado sevillano, esta presunta vulneración "ya ha sido reconocida" por las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y de la propia Fiscalía, e incidió en que la responsabilidad administrativa por parte de la consejera "se ha producido y ha quedado fehacientemente probada y demostrada".
Al hilo de ello, y tras reseñar que, en el campo político, "es el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien tiene que decicir sobre su cese o dimisión", Carlos Seco indicó que esta reclamación administrativa ofrece a la consejera un mes de plazo para contestar, y en el caso de que la respuesta "sea negativa" se continuará el procedimiento contencioso ante los Tribunales de Justicia.
ARCHIVO DE DILIGENCIAS
La Fiscalía de Sevilla informó recientemente de la decisión de archivar las diligencias que incoó hace un mes aproximadamente para investigar todo lo relacionado con la publicación de nombres de menores objetores de EpC en el BOJA.
En este sentido, la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, manifestó que para el Ministerio Público tiene "mayor relevancia la defensa de los intereses de los menores a mantener la privacidad de la decisión de instar el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia", frente "al ejercicio de unas acciones civiles encaminadas a obtener una indemnización adecuada a la trascendencia de la intromisión".
En la resolución de la investigación, que fue abierta después de que lo solicitara por escrito el Partido Popular y una procuradora que representa los intereses de distintos padres implicados en el caso, la fiscal jefe concluye que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación "produjo la lesión del derecho a la intimidad de los menores afectados" al publicar las resoluciones para sustituir la notificación personal de las mismas.
Segarra entiende que "la vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en BOJA a las resoluciones administrativas afecta de forma directa a los menores afectados, que deberían comparecer en el procedimiento para ser oídos judicialmente, de manera que adquiriría tintes negativos para los intereses de los menores dada la trascendencia que cobraría la acción procesal llamando si cabe más la atención de todo su ámbito de conocimiento sobre esta opción personal".
RESOLUCIONES DE RECHAZO A LA OBJECIÓN
Todo parte de una resolución emitida el pasado 15 de septiembre por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y publicada en el BOJA el 1 de octubre inadmitiendo o desestimando un total de 81 solicitudes de objeción de conciencia a la citada materia. Las resoluciones, según figura en este documento, son publicadas al resultar infructuosa su notificación en los domicilios registrados en cada uno de los expedientes.
En concreto, se trata de 81 actos administrativos de inadmisión o desestimación de las solicitudes de objeción en las que quedan registrados tanto el nombre de la persona que formula la petición como el del alumno o alumna afectada por el expediente, aludiendo a hermanos muchas de las citadas resoluciones.
