VALLADOLID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de Profesionales por la Ética acusó hoy a la Junta de "restringir libertades fundamentales de los padres" ante las declaraciones del consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien afirmó hoy que la objeción ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunidad perjudicaría a los niños, que no podrían graduarse a falta de aprobar esta materia, obligatoria igual que Matemáticas.
Así, a juicio del colectivo, la Junta de Castilla y León "se suma a posturas intransigentes de los gobiernos de comunidades autónomas como Asturias y Andalucía, dónde no solamente se ha ignorado este derecho constitucional de los padres sino que además se está amenazando a los objetores a esta polémica asignatura".
En concreto, en Castilla y León Educación para la Ciudadanía se implantará el año que viene en dos cursos de ESO y en Primero de Bachillerato, según recordó Profesionales por la Ética en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, donde señaló que en marzo el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, se comprometió ante miembros de la Plataforma 'Soria Educa en Libertad' a recibir las objeciones aunque "intentó disuadir a los padres objetores con amenazas más o menos veladas".
En los últimos meses, y ante la inminente implantación de EpC, en la comunidad castellanoleonesa se han constituido plataformas de padres objetores a EpC en León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia y Soria.
A seis meses de impartirse EpC en Castilla y León, Profesionales por la Ética ha contabilizado 1.744 objeciones. Según los datos del colectivo por provincias, en Valladolid se han presentado al menos 583 objeciones; en Burgos 550; en Salamanca 209; en Soria 202; en León 130; en Palencia 94; en Segovia 36; en Zamora 12 y en Ávila 10.
Según la coordinadora de la campaña de objeción a EpC de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, estas cifras siempre son menores que las reales, ya que muchos padres objetan sin notificarlo a las plataformas y asociaciones promotoras de la objeción.
"Los padres objetores de Castilla y León, al igual que los de toda España, solamente reclaman su derecho constitucional a la objeción de conciencia y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas", aseguró Tamayo, quien destacó que "el Consejero de la Presidencia ha argumentado que no caben las objeciones a EpC en Castilla y León porque en su comunidad han sido suprimidos los contenidos ideológicos, sin embargo los padres objetan porque la asignatura sigue teniendo el objetivo de formar la conciencia moral de los alumnos".
Por su parte, el presidente del colectivo, Jaime Urcelay, consideró que la postura de la Junta de Castilla y León de rechazar las objeciones de los padres no hará sino intensificar la actividad de las plataformas de padres y ciudadanos. En los últimos días, a través de www.hazteoir.org, más de 8.000 ciudadanos han pedido al presidente del PP, Mariano Rajoy, que en las comunidades autónomas en las que gobierna su partido se respeten escrupulosamente los derechos de los padres objetores, tal como se comprometió a hacer antes de las elecciones.
