MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
España ha comunicado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su compromiso a impulsar medidas que mejoren la protección e integración de las personas migrantes y refugiadas, así como de las solicitantes de protección internacional, al tiempo que promete aprobar "próximamente" una ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
El Consejo ha adoptado este jueves, 16 de julio, el informe final del tercer Examen Periódico Universal (EPU) a España. En enero de este año, el Estado español se sometió al EPU, que concluyó con 275 recomendaciones por parte de 110 Estados miembros con el objetivo de que España mejore la situación de los derechos humanos en su territorio.
Las recomendaciones que España ha decidido "aceptar", que versan sobre diversas materias, son en su totalidad 252, lo que equivale al 91% del total. Son aquellas con las que está de acuerdo y que puede poner en práctica, así como aquellas a las que actualmente ya da cumplimiento o que se refieren a medidas en curso.
Aunque la mayoría han sido "aceptadas", España se limita a "tomar nota" de otras 10 recomendaciones al no poder comprometerse a implantarlas en esta fase, o con cuyo contenido o principios que las inspiran no está de acuerdo. Este es el caso de una recomendación realizada por Honduras, en la que pide proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares mientras se tramitan sus casos, como alternativa a la detención.
"En España los migrantes irregulares no se encuentran detenidos mientras se tramita su expediente. El internamiento de un inmigrante irregular en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se produce exclusivamente cuando existe una perspectiva de que va a ser retornado, con el único objetivo de garantizar el retorno cuando no existe otra alternativa y con la autorización de un Juez", precisa España al respecto.
En otro punto del Informe, se apostilla que "en España un solicitante de protección internacional no puede ser privado de su libertad ambulatoria, con la excepción del tiempo necesario para el desarrollo del procedimiento en las dependencias fronterizas". Eso sí, sostiene que "caso distinto es el de una persona ya retenida por otros motivos (y con la autorización judicial correspondiente) que deviene solicitante de protección internacional de manera sobrevenida".
España también se limita a "tomar nota" de una recomendación de Paraguay, que llama a proteger los derechos de todos los trabajadores migrantes. "El Estado español se ha mostrado sensible en todo momento a las garantías de los derechos de los trabajadores migrantes en nuestro país --sostiene España-- Cualquier decisión que se tome al respecto, se hará en el marco de la coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea".
Si bien, en materia de asilo y refugio son muchas las recomendaciones que España ha decidido aceptar. Por ejemplo, se compromete a la mejora de acceso al procedimiento de asilo, a la reforma de la Ley de Asilo para establecer procedimientos acelerados y efectivos, reclutar nuevo personal administrativo, establecer capacitación específica para el sector del personal y renovar los sistemas técnicos.
"ESPAÑA NO REALIZA EXPULSIONES COLECTIVAS"
También ha comunicado a la ONU el compromiso de España con el principio de no devolución. "España no realiza expulsiones colectivas y respeta el principio de no devolución", asegura en el informe. Asimismo, añade que "la garantía del respeto al principio de no devolución se contempla tanto en el procedimiento de protección internacional como en el procedimiento que decide si procede dictar una resolución de retorno".
Precisamente en el marco del EPU, 15 entidades sociales que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas se unieron en la plataforma PlatRefugio para presentar un informe a Naciones Unidas sobre las vulneraciones de derechos en el sistema de protección internacional y de acogida del Estado español.
ONG VEN "LIMITADOS" LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR ESPAÑA
Finalizado el proceso, desde PlatRefugio han valorado "positivamente" la aceptación del conjunto de recomendaciones relacionadas con los derechos de las personas solicitantes de protección internacional. "Supone un compromiso de España de avanzar en todas las medidas legislativas y de política pública necesarias para mejorar el procedimiento de solicitud y tramitación de asilo, y la protección de las personas solicitantes en el sistema de acogida", sostienen desde la plataforma.
Si bien, han lamentado que los compromisos asumidos por el Estado español "son muy limitados" ya que "en su contestación tan solo señala una continuación en aquellas políticas que ya se están implementando hasta ahora, sin avanzar hacia cambios estructurales que impliquen cambios normativos y reorientación del enfoque de su política actual".
En el ámbito de la lucha contra la discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, algunas recomendaciones señalaban la necesidad de una ley integral sobre la materia. Así, España las ha aceptado, apuntando que existe la intención de aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Por otro lado, España acepta muchas recomendaciones formuladas en el ámbito de la no discriminación por razón de género. Entre otras cuestiones, detalla que el Gobierno está impulsando un anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, así como garantías procesales adicionales de protección y apoyo a las víctimas de violencia machista, con el objetivo erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y la completa adecuación de la legislación nacional al Convenio de Estambul. Asimismo, España detalla otras medidas dirigidas al impulso de la igualdad de género en distintos ámbitos.
La protección de los derechos del niño ha sido objeto también de múltiples recomendaciones. Muchas se han centrado en la adopción de medidas contra todas las formas de maltrato infantil, ante lo que España subraya que el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, entre otras cosas.
En cuanto a los esfuerzos realizados por España para reducir la trata de seres humanos, España recuerda que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) está coordinando la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos (PENTRA) y afirma que se contempla la aprobación de una Ley de Protección Integral frente a la Trata.
España también ha aceptado mejorar la integración de las personas con discapacidad y implantar "los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
