GRANADA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varias asociaciones de mujeres, así como expertos en los programas de intervención en hombre que ejercen violencia sobre las mujeres, constituidos en el 'Grupo25' exigieron hoy al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "homologuen criterios" en la rehabilitación de agresores en violencia de género y "no avalen" el modelo puesto en marcha en Alicante por el magistrado Vicente Magro, basado en cursos rápidos que eximen del cumplimiento de la pena.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz del grupo y responsable de prevención de violencia de género de la Fundación Mujeres, Angeles Alvarez, que acudió en Granada al II Congreso sobre Violencia Doméstica y de Género, explicó que para ello "hemos elaborado un documento con el fin de denunciar que la experiencia pasiva de Alicante no tiene ningún rigor científico".
Alvarez mostró su "preocupación" después de tener constancia, según dijo, de que Magro está "visitando" las Audiencias provinciales de todo el territorio nacional con el fin de que se extienda la iniciativa desarrollada en la comunidad valenciana.
"Nos parece muy difícil que 150 personas en una sala, después de recibir cuatro charlas de hora y media, sean capaces de recuperarse y reeditarse socialmente", eje que sustenta los programas puestos en marcha en Alicante.
Además, reclamó que sean "profesionales" los que realicen y pongan en práctica las terapias puesto que no se reinserta a los maltratadores con "intervenciones psicoeducativas", sino que hay que evaluar cuál es el "aprovechamiento real" de las terapias llevadas a cabo.
Según concluyó, Instituciones Penitenciarias, que es a quien corresponde la puesta en práctica de las mismas, "ha tomado en consideración" nuestra propuesta y apuntó como ejemplo "experiencias que se están llevando a cabo en países como Canadá, Australia o EE.UU.
