No creen que la generalización de un sistema de denuncias en todas las diócesis vaya a disparar los casos de abusos en España
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Expertos en religión de la Universidad CEU San Pablo y de la Universidad de Navarra ha señalado que con las nuevas normas del Papa sobre pederastia los que han sufrido abusos "estarán protegidos de represalias" y que será "difícil que quien deba denunciar no denuncie".
"Lo que se quiere es que las personas que han sufrido abusos puedan recurrir a la Iglesia local con la seguridad de que serán bien recibidas, que estarán protegidas de las represalias y que sus informes estarán tratados con la máxima seriedad", ha subrayado a Europa Press el profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU San Pablo, Jorge Subirán.
El Papa ha dado un plazo de un año, hasta junio de 2020, para que todas las diócesis del mundo se doten de un sistema para que cualquier persona pueda denunciar casos de abusos, según recoge el Motu proprio 'Vos estis lux mundi', publicado este jueves por el Vaticano y cuyas normas entrarán en vigor el próximo 1 de junio.
Francisco también refuerza en esta nueva norma la responsabilidad de los obispos o miembros de Institutos de vida consagrada para que avisen con "prontitud" de cualquier sospecha a este respecto.
La nueva norma, según ha apuntado Subirán, subraya la importancia de proteger a los menores y a personas vulnerables. "La noción de 'persona vulnerable' es más amplia, ya que no se limita a las personas que no tienen uso habitual de la razón, sino que se amplía para incluir los casos ocasionales y transitorios de incapacidad para comprender y querer, así como las discapacidades físicas", ha precisado.
Además, el experto ha explicado que en España el protocolo de la comisión antipederastia del año 2018 estableció que deberá ser el Obispado quien notifique los casos a la institución de protección de menores y al Ministerio Fiscal, además de señalar la obligación de la diócesis de notificar los indicios detectados. "El sistema español se trata, por tanto, de un sistema muy avanzado", ha defendido Subirán.
"EL CULPABLE NO VA A HABLAR, PERO EL RESTO LO TIENE MÁS FÁCIL"
Por su parte, el profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Javier Otaduy, ha comentado a Europa Press que con estas nuevas directrices "es evidente que el culpable de un delito o un colaborador no va a hablar, pero el resto lo tiene más fácil que nunca".
"Ahora mismo casi todo concurre hacia eso. Si además se facilita el acceso a través de sistemas abiertos y públicos, a mí me parece que es difícil que quien deba denunciar no denuncie", ha indicado el docente, quien ha explicado que "todas" las grandes diócesis españolas tienen ya sistemas "de recibir informes de abusos y de valorarlos".
Asimismo, ha añadido que en España "se establecerán mejor esos oficios", aunque ha matizado que en estos aspectos "la experiencia es un grado, y se aprende trabajando". "Ya he dicho que un oficio no funciona por el hecho de ser erigido. Hay que aprender a valorar las denuncias y a investigar", ha concretado Otaduy.
En su opinión, la mayor novedad de las nuevas normas del Papa reside en la "facilitación" de las denuncias y en las "garantías" que se conceden a los denunciantes. El trabajo de investigación, según ha subrayado, "ya se realizaba de un modo u otro en todas las diócesis".
"Ahora lo que se exige es la creación de un oficio para facilitar esos informes, no es un cambio en el ámbito del proceso penal, sino en el trabajo previo de información. Se trata de que las pruebas testimoniales puedan llegar antes, sin dificultades y con transparencias", ha explicado el profesor de la Universidad de Navarra.
Por último, el experto ha destacado que explicar los abusos sexuales en su verdadero contexto cultural, social y estadísticos "necesita estudios serios y veraces". "La Iglesia debe estar preparada para valorar los hechos que le lleguen y debe convertir todo en una ocasión de evangelizar", ha concluido.
LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS SE PODRÁN ADAPTAR SIN DIFICULTAD
Por su parte, Rafael Palomino Lozano, del Departamento de Derecho Internacional, Derecho Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, no cree que haya "mayor dificultad" para que las diócesis españolas se adecuen a la petición de un sistema de denuncia en el plazo de un año, si se tiene en cuenta que no se trata de un asunto más entre tantos.
"No quiere decir que vaya a ser sencillo, como tampoco fue sencilla la reforma sobre los procesos de nulidad matrimonial que también se ha producido durante el pontificado de Francisco", ha explicado en declaraciones a Europa Press.
Preguntado por si estos sistemas pueden disparar las denuncias en España, ha señalado que la norma pretende generar un mecanismo o un protocolo para evitar dilaciones y concretar la competencia en los casos perpetrados por autoridades eclesiásticas.
"Parece que la tendencia en tiempos recientes ha sido que los delitos han disminuido, es decir, afortunadamente ya no son tan frecuentes y las denuncias que se presentan en muchos casos se refieren a execrables sucesos del pasado", puntualiza.
Además, recuerda que la norma, por otra parte, no deja de insistir en algo que es una regla básica de cualquier sistema jurídico actual: la presunción de inocencia. "No veo que de suyo vaya a agravar una imagen negativa. Es más, ojalá otros organismo internacionales pusieran este interés y diligencia para solventar este gravísimo problema", ha comentado.
Este experto también está de acuerdo en que uno de los propósitos fundamentales de la norma es evitar el encubrimiento desde el momento que pesan graves obligaciones de diligencia en las autoridades encargadas de la investigación y se articulan medios humanos y recursos económicos para la ejecución de las investigaciones.
RESPUESTA ÁGIL ANTE LA REALIDAD
Por su parte, Miguel Campo, profesor de la facultad de derecho canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, destaca como novedad del Motu Proprio la agilidad para responder a las demandas que plantea la realidad.
"Es novedosa en el establecer expresamente la obligación de clérigos y religiosos de denunciar en ámbito eclesiástico, en la protección de los denunciantes; en la obligación de prestar asistencia psicológica, espiritual a las víctimas y en el establecimiento de unos cauces procesales, con plazos muy reducidos, para juzgar los delitos cometidos por obispos y superiores generales de institutos religiosos", ha añadido.
Igualmente, considera que las diócesis españolas se van a poder adaptar a los requerimientos del Papa y aunque desconoce si será necesario que la Conferencia Episcopal se dote de un fondo para investigar abusos, no cree que las diócesis estén en una situación de no poder asumir esos gastos.
Campo también coincide en que la norma establece "tolerancia cero" contra el encubrimiento y tampoco considera que puedan dispararse los casos de abusos en España. "Nadie, nadie, está haciendo tanto por perseguir estos delitos y por proteger a los informantes y a las víctimas como la Iglesia", remata.
