MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los familiares del subteniente de la Guardia Civil Francisco Morcillo Moya, de 61 años, fallecido en la explosión de Valdemoro ocurrida el pasado 29 de junio se han personado como acusación particular en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Valdemoro para exigir responsabilidades al denunciar la existencia de graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.
El pasado 29 de junio se produjo una explosión en el sótano del edificio antiguamente denominado MACEN, donde se hallaba el almacén de explosivos de los Tedax y de la unidad NRBQ. Como consecuencia de la explosición, murió un guardia civil y otros 17 resultaron heridos.
Según denuncian los hijos del fallecido, la versión de la Guardia Civil "no se ajustaría a la verdad de los hechos acaecidos", ya que su padre no estaría dando ningún tipo de clase sobre explosivos, sino intentando evacuar las instalaciones, una vez detectado el inicio del fuego desatado.
Según el croquis de las instalaciones acompañado por la familia a la causa, el subteniente Morcillo Moya, que padecía la enfermedad de párkinson que reducía su movilidad, habría fallecido aplastado por la onda expansiva de la explosión cuando intentaba evacuar su oficina, ubicada al fondo de la instalación y sin que le hubiera dado tiempo material para ponerse a salvo, dada la longitud del recorrido de evacuación.
Los hijos sostienen que su padre se encontraba en situación de reserva y no tenía encomendadas esas funciones formativas, que estaban siendo desarrolladas en ese momento por otros dos miembros del Cuerpo.
El abogado de la familia, Antonio Suárez-Valdés, cree que en la edificación donde se produjo la explosión se encontraba ubicada una instalación de alto riesgo como es el almacén de explosivos de los Tedax y de la unidad NRBQ y el depósito judicial de explosivos, que carecía presuntamente de las medidas de seguridad necesarias para este tipo de instalaciones.
DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS
El letrado sostiene que estos depósitos llegaban a albergar periódicamente significativas cantidades de explosivos, por lo que "necesariamente debieran de haber precisado una adaptación a la normativa sobre seguridad de almacenes de explosivos, que al parecer no se producía".
Según los planos del edificio, la instalación, que se encontraba ubicada en los bajos de una construcción sobre la que trabajaban cientos de agentes, "carecía presuntamente de las condiciones estructurales adecuadas, no contaba con salida de emergencia, extinción automática de incendios y las bocas de incendio no funcionaban, lo cual obligó a los bomberos a tener que extinguir el incendio provocado utilizando el agua de una piscina cercana".
"Todos estos hechos hacen que, dada la alta ocupación del edificio donde se produjo la explosión, el siniestro hubiera podido convertirse en una auténtica masacre, ya que la explosión habría sido de tal magnitud que habría llegado a romper el forjado superior de la planta y la totalidad de la tabiquería de las zonas adyacentes, amén de provocar un incendio de importantes dimensiones", denuncia el abogado.
"Es más un grupo de alumnos que se encontraba junto al almacén donde se produjo la deflagración, tuvo que ser evacuado por una ventana trasera, cuyas rejas se tuvieron que romper por los agentes presentes en el exterior, viviéndose momentos de absoluta angustia", añade.
