Denuncia la ausencia de análisis y de tratamiento científico de los factores que causan las muertes en carretera
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado ha pedido en su informe anual de 2017 el desarrollo de un marco regulatorio y normativo relacionado con los coches autónomos y conectados. Además, sugiere el uso de drones como "potente" herramienta de seguridad vial y plantea también la utilización de las denominadas 'cajas negras' de los vehículos.
Por un lado, apunta a la necesidad "cada vez más urgente" de desarrollar un marco normativo para el despliegue de la conducción automatizada y conectada en todos sus aspectos: cambios regulatorios, uso de datos, privacidad y protección de datos, ciberseguridad, definiciones comunes de conducción automatizada y conectada, cooperación internacional y sistemas de imputación de responsabilidad (responsabilidad civil y seguros).
Igualmente, destaca la utilización de drones en Seguridad Vial como "potente" herramienta en la prevención de accidentes y en la reconstrucción de los hechos, recalcando también su efectividad en el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, y la mejora en la gestión del tráfico. Pese al "desarrollo imparable" que han experimentado estos sistemas, su integración en el sector civil "abre nuevos retos en materia de seguridad y protección de la privacidad que exige un marco normativo 'ad hoc' que garantice el respeto de los bienes jurídicos en juego".
Asimismo, la Fiscalía ha actualizado el estado actual sobre lo que se refiere a las denominadas 'cajas negras' (Event Data Recorder o EDR), sistema que abre nuevas posibilidades de investigación y reconstrucción de accidentes. Este nuevo método de investigación, del que disponen todos los vehículos con ciertos sistemas de seguridad pasiva y que comenzó a utilizarse en España por los Mossos d'Squadra en 2015, ha dado lugar al análisis por este cuerpo de 199 casos de distinta gravedad desde esa fecha, habiéndose utilizado en 2017 en la reconstrucción de 68 accidentes.
Sin embargo, según destaca la Fiscalía, la problemática esencial de este sistema sigue radicando en la dificultad de acceso, en ocasiones, a los datos almacenados en el EDR y, a diferencia de Estados Unidos, en el ámbito de la UE no hay un marco regulatorio sobre esta materia, solo "recomendaciones" que hizo la Comisión Europea en un informe de 2009.
ACTIVIDAD JUDICIAL: DATOS SIMILARES A 2016
En cuanto a la actividad de los juzgados durante 2017, el documento, recogido por Europa Press, indica que se dictaron 81.951 sentencias condenatorias en materia de seguridad vial (un 1,3% más que en 2016), lo que representa el 32% de las 254.608 dictadas por los Tribunales españoles por toda clase de delitos, "porcentajes, prácticamente idénticos a los del año anterior", según Fiscalía. Además, el 90% de las condenas se dictaron de conformidad, es decir, con cumplimiento inmediato.
En total han sido 55.890 penas de privación del derecho a conducir, 2.075 pérdidas de vigencia acordadas en 2017, así como más de 53.000 penas estimadas de multa y 25.494 penas de trabajos en beneficio de la comunidad, cifras ligeramente superiores a 2016.
No obstante, es ligeramente inferior el número de diligencias abiertas, con 96.303 en 2017 frente a las 98.203 del ejercicio anterior, un descenso que "confirma la tendencia a la estabilidad de las cifras de procedimientos incoados" para la Fiscalía.
UN 18,9% MÁS DE EXPEDIENTES POR DROGAS
Por tipos de delito, aumentaron las sentencias por consumo de alcohol y/o drogas a 50.552 (en 2016 hubo 51.085), así como las sentencias por negarse a someterse a las pruebas para su detección, con 2.441 frente a las 2.384 del ejercicio anterior.
En 2017 aumentaron de manera "considerable" los expedientes administrativos por drogas, pasando de 26.930 en 2016 a 32.045 en 2017 (un 18,9% más). Por el contrario, se mantienen los expedientes administrativos por consumo de alcohol, con 75.888 frente a 75.430 del año anterior. El número total de procedimientos penales por conducir con alcohol y/o drogas fue de 59.466.
El documento de la Fiscalía también revela que en 2017 hubo 445 sentencias por exceso de velocidad, de las cuales "sólo una ínfima parte", el 0,02%, acceden al procedimiento penal.
También arrojan similitudes las cifras correspondientes a delitos contra la seguridad vial en menores. Así, en 2017 se incoaron 1.834 diligencias (44 causas por conducción etílica o bajo los efectos de drogas; 140 por conducción temeraria; y por conducción sin permiso 1.650).
LEY DE EDUCACIÓN VIAL Y PACTO DE ESTADO
Por otro lado, la Fiscalía denuncia en su informe la "ausencia" de un análisis en profundidad, así como del "tratamiento científico de los factores" de siniestralidad vial.
El Ministerio Fiscal destaca la "estabilización de las cifras" de siniestralidad vial de 2017, lo que supone un "motivo de satisfacción para toda la sociedad", aunque advierte de que los datos son todavía "manifiestamente mejorables". Además, considera "revelador" el interés que sigue suscitando en la opinión pública la Seguridad Vial.
Del mismo modo, insiste en que la educación vial "es ahora más que nunca", la "única estrategia segura" para disminuir las muertes en carretera. Por ello, vuelve a reclamar una educación "integral, permanente y acompasada a los tiempos de orden tecnológico, sanitario, en movilidad vial y en conducción ecológica y eficiente que incluya la percepción del riesgo y las ventajas del nuevo modelo de comportamiento".
Igualmente, considera que "es el momento" de alcanzar un Pacto de Estado que incluya propuestas concretas en la estrategia de movilidad sostenible. Para la Fiscalía, en esta estrategia es "imprescindible" acordar las líneas maestras de una nueva Ley de Seguridad Vial.
En su informe anual, también aborda la proposición de Ley de modificación del Código Penal en lo relativo al homicidio y lesiones imprudentes, así como la incorporación de un nuevo delito de abandono del lugar del accidente. En este sentido, la Fiscalía considera que "el sujeto activo debe ser no el implicado sino el causante material del accidente" y propone que, en los casos de menor gravedad sin haber fallecimiento, "el legislador cuenta como alternativa a la pena con la respuesta de la sanción administrativa, que podría perfeccionarse incrementando las sanciones con pérdida de puntos de hasta el máximo".
