MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha mostrado su pesadumbre ante el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) que ha rebajado la condena al ginecólogo Carlos Morín al absolverle de ocho de los once abortos ilegales por los que fue condenado por la Audiencia de Barcelona.
"Esta condena deja a las madres y al no nacido en situación de indefensión jurídica", ha advertido el presidente del Foro de la Familia, que considera que la condena del Alto Tribunal "es una mala noticia para las madres y para el no nacido". "Nos da una idea del poco aprecio que existe por la vida del no nacido en España", ha apostillado.
A su juicio, es negativo para la madre porque "facilita su manipulación por las clínicas abortistas de manera que le encaminen hacia el aborto y las consecuencias físicas y psicológicas que de éste se derivan".
En este sentido, García-Juliá ha manifestado que las empresas que "se lucran con este negocio habrán tomado buena cuenta de los detalles burocráticos que han permitido a Morín evitar la pena por otros 8 abortos ilegales" por los que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona en junio de 2016.
Por todo ello, el presidente de Foro de la Familia ha reclamado a las administraciones "una mayor diligencia" a la hora de llevar a cabo las inspecciones a los "abortorios". "Por ejemplo, la fiscal, ya que los pagos se realizan en metálico y no entregan ni historial médico ni factura", ha apostillado.
Sobre los datos de interrupciones voluntarias del embarazado, considera que indican que se trata de "un problema muy grave que la última Ley del Aborto no ha solucionado" y que los datos de la entidades que apoyan a las madres a llevar a término el embarazo, "constatan que una amplia mayoría de las mujeres que acude decide tener al bebé".
Ha vuelto a reclamar medidas de apoyo a la maternidad, como la implantación de una prestación por hijo a cargo, desde el cuarto mes de embarazo, y que se prolongue mientras los hijos sean menores de edad o hasta que cumplan los 25 años, si previamente no tienen trabajo retribuido o están estudiando.
Finalmente, ampliar el permiso de maternidad a un periodo no inferior al año, durante el cual la empresa quede eximida de la cotización a la Seguridad Social; y fomentar la contratación de mujeres embarazadas con incentivos fiscales a las empresas.
