((ESTA NOTICIA SUSTITUYE A OTRA ANTERIOR SOBRE EL MISMO TEMA))
VALENCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el Ejecutivo central establecerá medidas de compensación para 1.500 de los afectados por la rotura de la presa de Tous (Valencia) y estudiará "uno a uno" los expedientes del resto de damnificados.
De la Vega realizó estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Asociación de Perjudicados por la rotura de la presa de Tous (Aspertous), para estudiar la situación de los préstamos que recibieron del Instituto de Crédito Oficial (ICO) tras la 'pantanada' de 1982. En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, el presidente de Aspertous, Benjamín Lafarga; el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, y el presidente del ICO, Aurelio Martínez.
La vicepresidenta, quien destacó que la reunión se desarrolló en "un clima de entendimiento", afirmó haber estudiado los planteamientos y las diversas demandas de los afectados por la rotura de la presa de Tous, --que suman un total de 2.331 personas--, por lo que su departamento ha ideado una propuesta "dirigida a buscar una solución definitiva para un problema que, desgraciadamente, lleva muchos años arrastrándose". Esta proposición comprende diversas medidas dirigidas a "las distintas situaciones que se plantean en el colectivo de perjudicados".
Así, explicó que un total de 1.100 personas que se acogieron a los Reales Decretos Leyes 4/1993 y 10/1995 y recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos verán resuelta la "totalidad" de la deuda --4,3 millones de euros en total--, ya que la evaluación de los daños del suceso fue "inferior" respecto a los que realmente se produjeron. A estos damnificados se les concederá una "solución definitiva" a los créditos prestados por el ICO para "evitar la discriminación", afirmó De la Vega.
Del mismo modo, también verán eliminados los pagos pendientes los 400 perjudicados que en la actualidad deben menos de 1.500 euros, por "una razón de economía de medios", ya que "la deuda es pequeña" --300.000 euros en total--, de forma que "su reclamación supone más coste para la administración", indicó la responsable del Ejecutivo nacional.
Respecto a los 831 expedientes del resto de damnificados, señaló que serán estudiados "uno a uno" y, de entre ellos, aquellas personas que tengan una renta mensual inferior a los 1.000 euros "verán cancelados sus préstamos" por "justicia social".
Las actuaciones planteadas por De la Vega también incluyen una propuesta para los perjudicados que no están en ninguna de las tres situaciones anteriores. A estos damnificados se les cancelarán todos los intereses de los préstamos si abonan el principal, para lo que se prorrogará por un plazo de tres meses al actual decreto, cuyo plazo concluía el próximo 31 de marzo.
De la Vega remarcó que estas propuestas "están basadas en principios de justicia social y en evitar las discriminaciones que se han producido para todos los afectados que se acogieron a los decretos de 1993 y 1995 y que tuvieron como consecuencia discriminación en graduación de los daños producidos".
Por este motivo, se mostró convencida de que con estas propuestas "se da una solución definitiva al conjunto de los afectados". En esta línea, consideró que, con las medidas planteadas, los perjudicados que "se han visto a lo largo de tanto tiempo inmersos en diversos procedimientos verán el fin".
"PUNTO Y FINAL"
Por su parte, Benjamín Lafarga mostró su confianza de que las distintas propuestas darán "una solución definitiva y total" para todos los afectados de la rotura de la Presa de Tous, de forma que "podremos decir que hemos puesto un punto y final a la pantanada de Tous".
En opinión de Lafarga, "al final, hemos sido nosotros los que vamos a enterrar Tous y no Tous a los perjudicados". El responsable de Aspertous agradeció a De la Vega su "atención prestada" así como su "sensibilidad personal" con este tema.
La rotura de la presa de Tous sucedió el 20 de octubre de 1982 y afectó a 32 pueblos de las comarcas valencianas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Costera y la Safor y a un total de 28.000 personas. Tras este suceso, se concedieron una serie de préstamos a los agricultores y a los comerciantes para que pudieron iniciar de nuevo su actividad económica.
El Tribunal Supremo, en 1997, dictó sentencia condenatoria en la que consideró al Estado como responsable civil, y un grupo de afectados optó por la vía de la negociación para obtener un resarcimiento "justo" por los perjuicios ocasionados por la rotura de la presa de Tous.
Los responsables de Aspertous aseguran que los presidentes de Afiva y Adepema --las dos entidades que actuaron para tratar el tema de los créditos concedidos a los perjudicados de la presa de Tous-- mantuvieron diversas reuniones en 2002 con los entonces delegado del Gobierno en la Comunitat y presidente de la Generalitat, Carlos González Cepeda, y Eduardo Zaplana, respectivamente, quienes se "comprometieron a realizar las gestiones oportunas para condonar la deuda u ordenar el pago de la misma".
