La secretaria de Estado defiende el texto por su "absoluta seguridad jurídica"
ALMERÍA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, defendió hoy que España "da cumplimiento" con el anteproyecto de Ley de Extranjería remitido en abril al Consejo de Estado "a los tiempos y pautas que marca la UE" para trasladar a la legislación nacional la directiva europea que facilita la concesión de permisos de residencia temporales a nacionales de terceros países que cooperen en la lucha contra la trata de seres humanos o contra la inmigración ilegal.
Durante el acto para suscribir el convenio marco que impulsará la creación en la Universidad de Almería (UAL) del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, Rumí se refirió en estos términos a la condena hecha publica ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUA) por incumplir la obligación de trasponer la norma antes del 6 de agosto de 2006, plazo en el que los estados miembros debían informar a Bruselas de las medidas adoptadas.
En esta línea, Rumí también defendió la "absoluta seguridad jurídica" que ofrece la reforma ante la "controversia" generada por una "mala información" sobre el nuevo texto normativo, que tildó de "equilibrado y garantista" al dejar claro, entre otros aspectos, "los plazos y condiciones en el que se podrá paralizar el cómputo de los 60 días en el que fija el periodo máximo de internamiento".
Quiso trasladar de "forma clara" a los colectivos implicados que la nueva ley "garantiza derechos y evidencia las obligaciones y las situaciones que no se van a permitir" al tiempo que, según resaltó, contempla "por primera vez" medidas para favorecer la integración de los ciudadanos extranjeros que residen en España.
Aludió, así, a la "intensa labor pionera" de consultas previas desarrollada por el departamento del que es titular más allá de las preceptivas, "algo que nunca se había hecho" --ahondó-- y entre las que señaló el acuerdo tanto en materia laboral a través de la Comisión Laboral Tripartita o el del Consejo Fiscal para la atención a menores extranjeros no acompañados (Menas) .
Con respecto al plazo de 60 días de internamiento, que modifica los 40 días de la propuesta inicial, Rumí aseguró que "deja muy claro a través del juez cuándo y en qué condiciones" se puede paralizar el cómputo, por lo que, a su juicio, no deja lugar a la duda "ni siquiera en qué supuestos se apreciaria también como periodo".
Resaltó que entre las aportaciones al texto de los agentes sociales consultados se recogen medidas" efectivas" para proteger a las mujeres inmigrantes que son objeto de violencia de género. En la misma línea expresada hace unos días por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, la secretaria de Estado avanzó que en el articulado de la norma quedará "expresa" la protección "sea cual sea su condición administrativa" para que la víctima "no se sienta cohibida o indefensa pensando que la situación irregular en España le impide dar el paso de denunciar".
