El Ejecutivo insular exige mayor información sobre entrada y salida de irregulares y un protocolo sanitario
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, aseguró hoy al Gobierno canario que el Ejecutivo trasladará a la Península o procederá a la repatriación de todos aquellos inmigrantes irregulares que se encuentran en centros de internamiento del Archipiélago, cuando superen los 40 días de estancia que establece la Ley.
Rumí mantuvo hoy una reunión con su homóloga en el Gobierno Canario, María Luisa Zamora, para hacer balance del desarrollo del Plan Conjunto en materia de inmigración que se desarrolla entre el pasado año y 2007 y que contempla actuaciones en distintos ámbitos.
La consejera canaria manifestó a la secretaria de Estado su preocupación ante la posibilidad de que los irregulares actualmente en los centros puedan quedar "en la calle" tras cumplir el citado periodo de 40 días de internamiento.
Además, advirtió de que los centros de menores no acompañados se encuentran ya "al límite de sus posibilidades", por lo que es preciso "reactivar" los mecanismos de repatriación con Marruecos y Mauritania.
La consejera Canaria también exigió al Gobierno la necesidad de mejorar la información sobre entrada y salida de inmigrantes, así como sobre su presencia en los centros de internamiento; poner en marcha protocolos sanitarios, así como reactivar el plan de colaboración en materia de salvamento marítimo y control de fronteras.
COMPROMISO DEL GOBIERNO
En un receso de la reunión (el Gobierno informará de su resultado a lo largo de la tarde), Rumí desmintió de manera tajante las informaciones que apuntan la posibilidad de que los inmigrantes irregulares puedan quedarse en el Archipiélago: "En Canarias no ha quedado ni un sólo inmigrantes irregular fuera de los centros de internamiento".
Rumí no aportó la cifra de irregulares que podrían encontrarse en esta situación, si bien indicó que se están llevando a cabo "todos los contactos" con las autoridades Marroquíes para proceder a las repatriación de aquellas personas procedentes de Mauritania, en virtud de los acuerdos vigentes que obligan al Gobierno alauí a hacerse cargo de las mismas. Desde el comienzo de la última crisis migratoria se han producido 200 repatriaciones a Mauritania.
El Plan Conjunto en materia de inmigración contempla la puesta en marcha de distintas medidas en materia de ordenación y control de los flujos migratorios, asistencia irregulares llegados a las costas, políticas de acogida y de integración y para favorecer la cooperación de la Unión Europea en la lucha contra este problema. Todas estas medidas cuentan con un presupuesto de 190 millones de euros, de los cuales 127 corren a cargo del Estado y 63 deberán ser aportados por el Gobierno insular.
