MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tiene previsto promover un debate con colectivos de inmigrantes sobre el uso de símbolos religiosos, como el velo, en los espacios públicos, según informó hoy la secretaria general de Igualdad del Ministerio de Trabajo, en una entrevista concedida a Europa Press.
Asimismo, prevé que la futura Ley de Igualdad, que comenzará esta semana su trámite de ponencia en el Congreso de los Diputados, incluirá un artículo específico para la situaciones de mayor discriminación de las mujeres, entre ellas las inmigrantes. Este artículo se introducirá, previsiblemente, a través de una enmienda pactada entre el PSOE y los grupos de IU-ICV y ERC.
En lo que se refiere a la cuestión del velo, Murillo cree que el Gobierno tendrá que abordar una reflexión con mujeres musulmanas sobre la laicidad, "entendida como que en el espacio público no se ostenten signos ni símbolos que representen posiciones y creencias".
La responsable de Igualdad considera que si las mujeres musulmanas "llevan todos los símbolos" religiosos de su grupo social, deben de estar legitimadas para abordar este debate y plantear su opinión sobre la conveniencia de usar o no el velo en determinados ámbitos. "Si cargan con la identidad del grupo cómo es posible que no negocien y no tengan la posibilidad de ascender o tener una legitimidad dentro de su propio grupo", destacó Murillo.
No obstante, el Gobierno también es consciente de que hay mujeres musulmanas, críticas con su propia religión, con un nivel de estudios alto que desean llevar el velo como un signo de identidad. Por ello es partidario de tratar ese asunto desde el debate y en clave de los aspectos que tienen en común las sociedades occidentales y de origen musulmán.
En este sentido, cree que la propuesta de Alianza de Civilizaciones realizada por el presidente del Gobierno "es un excelente marco para poder trabajar desde este punto de encuentro". "Hay que escuchar los matices, no solo las mujeres que vemos cargando los símbolos, sino aquellas que son críticas con la lectura del corán y que quieren llevar velo", insistió.
Al margen de esta cuestión, según Murillo, la Ley de Igualdad incluirá previsiblemente un permiso de paternidad de 15 días y extenderá la paridad electoral a aquellos municipios de hasta 3.000 habitantes (actualmente el proyecto de Ley sólo lo prevé para los de 5.000).
Todos los grupos parlamentarios reclaman al Gobierno un mes de permiso de paternidad, "pero el Gobierno lo ve muy complicado", no solo por su coste, sino por el perfil del mercado de trabajo español y las dificultades que tendrían los hombres para acogerse al mismo.
Según sus datos, la mayoría de los hombres son trabajadores autónomos, o están empleados en empresas con un contrato sujeto a renovación. Hasta el momento, el funcionariado es el único que se puede acoger a esta medida (2.700 hombres el año pasado).
El Gobierno tampoco tiene previsto la puesta en marcha de ningún incentivo para que los hombres se acojan el permiso de paternidad, al igual que tampoco se plantea para las madres, más allá de que la Seguridad Social corra con todos los gastos. El departamento de Jesús Caldera tampoco ve posibilidades de ampliar el actual permiso de maternidad ni el de lactancia.
Otro de los aspectos en los que se podría avanzar en las conversaciones con los grupos parlamentarios es la cuestión de las listas paritarias. El Gobierno no ve factibles las listas cremallera, porque "podrían generar condiciones de incumplimiento" en algunos municipios, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. No obstante, plantea una reducción de la paridad en tramos de 3, frente a los 5 que prevé el proyecto de Ley.
En esta cuestión, Murillo no ve posibilidades de acuerdo con el PP, dado que los 'populares' son contrarios a la paridad, tanto en las listas electorales como a nivel de las empresas. "¿cómo acreditamos a una persona dentro de casa para que se sienta ciudadana de primera si no tiene referentes en el espacio público?", advierte.
Además, el Gobierno confía en la constitucionalidad de esta medida (el PP ha planteado recursos de inconstitucionalidad a las leyes electorales de tres comunidades autónomas), por los dictámenes recibidos del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
