MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha recordado que los sacerdotes están obligados por ley a denunciar los abusos sexuales de los que tengan conocimiento, excepto aquellos que conozcan a través de una confesión, en cuyo caso están amparados por los acuerdos con el Vaticano y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así ha respondido el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada de IU Eva García Sempere, en la que cuestiona al Gobierno acerca de la posibilidad de que los acuerdos con el Vaticano sean un obstáculo legal para que los miembros de la Iglesia católica colaboren con la Justicia en casos de abusos a menores.
El equipo de Pedro Sánchez recuerda a García Sempere que tanto el acuerdo firmado con la Santa Sede en 1976, como la Ley de Enjuiciamiento criminal, limita la colaboración de los sacerdotes con la Justicia sólo en el caso en el que la noticia les sea conocida en el ejercicio de su ministerio.
RECHAZA PEDIR INFORMACIÓN A LOS OBISPOS
En concreto, el acuerdo con el Vaticano dispone que "en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio"; mientras que la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que la obligación de denunciar no comprenderá a abogados o procuradores respecto de las explicaciones de sus clientes, ni a los eclesiásticos y ministros de cultos respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
"Esta posibilidad está limitada a los hechos que se les hayan revelado en el ejercicio de su ministerio no al conocimiento que puedan tener por otros medios de hecho presuntamente delictivos, que estarán obligados a denunciar", ha apuntado el Gobierno que, en el texto muestra, en todo caso, su "repulsa" y "condena" hacia cualquier acto de abuso o agresión sexual a menores de edad y se compromete a establecer las medidas necesarias para "asegurar la sanción penal de los responsables" y poner garantías para la "no repetición" de estos sucesos.
En la iniciativa presentada por IU también se reclamaba al Ejecutivo la posibilidad de reclamar a los obispos "los datos silenciados por la Iglesia", una exigencia que, según apunta la respuesta, al Gobierno "no le corresponde requerir". En este sentido, apunta que en el caso de tener noticia de la posible comisión de un delito, lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y no pedir un informe.
