Greenpeace pide al Gobierno que prohíba la fabricación de bombas de racimo, cuyas víctimas son la mayoría civiles

Actualizado: miércoles, 20 diciembre 2006 19:30


MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 98% de las víctimas de este armamento son civiles, especialmente niños, según los datos del informe 'Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para la prohibición' hechos públicos hoy por la asociación ecologista Greenpeace, que pidió al Gobierno español que prohíba su fabricación.

Según Greenpeace, España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo. "Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden", aseguran los ecologistas.

"Además, el ejército español, según reconoció el Ministerio de Defensa, tiene un arsenal limitado de este tipo de armas. En concreto, el Ejército del Aire posee los modelos CBU- 100B (Rockeye), importada de EEUU; la antipista BME-330 y la granada de mortero MAT-120, ambas de fabricación nacional", añade.

Greenpeace pidió al Gobierno "prohibir la producción, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español, y las transferencias o ventas al exterior", además de "destruir o desmantelar los arsenales de bombas de racimo en poder del ejército español" y "apoyar la adopción de un tratado internacional que prohíba las bombas de racimo y apoyar los esfuerzos de Noruega y otros países en esta materia".

Además, los ecologistas piden a la Administración Central "asegurarse de que las tropas de la Unión Europea nunca utilizarán bombas de racimo en el marco de las operaciones militares en las que intervengan".

Por otra parte, demandan al Parlamento español un "apoyo para todas las iniciativas encaminadas a prohibir la producción, almacenamiento, uso y venta de bombas de racimo".

"Un Gobierno que apuesta por la paz no puede permitir que en España se fabriquen estas armas y que el propio ejército español las posea. Es necesaria una legislación que evite que sigan causando víctimas inocentes", declaró Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.