Advierte de que el proyecto de ley llega en medio de un clima de creciente xenofobia en Italia, "alimentada" por el Gobierno
MILÁN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy al Senado italiano que rechace el proyecto de ley que permitiría la imposición de sanciones penales a los inmigrantes en situación irregular y crearía un marco nacional y legal para las patrullas de 'ciudadanos' vigilantes. La votación del proyecto en el Senado está prevista para esta misma semana.
"Tratar a los inmigrantes como criminales no solucionará los retos de Italia ante la inmigración", declaró la investigadora para Europa Occidental de Human Rights Watch, Judith Sunderland. "Este proyecto de ley sólo fomenta la intolerancia y empeora las cosas a unas personas cuya vida ya es de por sí bastante dura", añadió.
El proyecto de ley llega en medio de un clima de creciente hostilidad hacia los inmigrantes en Italia, "alimentado por las declaraciones de algunos altos cargos gubernamentales", denunció la organización. El Gobierno de Silvio Berlusconi está "asumiendo una línea cada vez más dura contra los inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo", manifestó HRW.
El proyecto de ley, aprobado a mediados del pasado mes de mayo por la Cámara de los Diputados, establece una multa de hasta 10.000 euros por entrar en Italia sin permiso e incrementa de dos a seis meses el tiempo máximo en el que las autoridades pueden mantener detenido a un inmigrante y a un solicitante de asilo.
Las asociaciones de médicos y de Derechos Humanos han expresado su temor de que esta medida obligue a los profesionales de la salud y de la educación a denunciar la presencia de cualquier inmigrante indocumentado que intente acceder a cuidados médicos o a otros servicios. Aunque el Gobierno retiró finalmente una propuesta anterior para que esta exigencia figurara de modo explícito, el proyecto de ley, en su actual redactado, podría conducir a los mismos resultados, según HRW, "puesto que el propio código penal exige a los funcionarios públicos que informen de cualquier conducta criminal".
LAS PATRULLAS DE VIGILANTES
Uno de los aspectos "potencialmente más peligrosos del proyecto de ley", según HRW, es la creación de un marco legal nacional para las patrullas de 'ciudadanos' que patrullarían las calles para mantener el orden. Aunque estas patrullas no estarían armadas ni tendrían poder para detener, no se descarta que para su formación se favorezca el reclutamiento de antiguos policías o militares.
Estas patrullas fueron inicialmente previstas por un decreto ley del pasado mes de febrero, anulado en abril para su conversión en proyecto de ley. Varios grupos de vigilantes ya operan, sin autorización, en algunos municipios, sobre todo en el norte de Italia, donde el partido Liga Norte, conocido por sus posiciones xenófobas, cuenta con amplio apoyo. Algunas ciudades, como Milán, incluso han autorizado estos grupos.
Estas patrullas se crearon aprovechando el enorme impacto mediático causado por varias violaciones presuntamente perpetradas por inmigrantes en Roma, Milán y Bolonia entre el año pasado y éste. Estas noticias provocaron episodios de violencia contra inmigrantes, en especial contra gitanos y rumanos.
"La legalización de los grupos de vigilantes al mismo tiempo que aumenta la intolerancia es una receta para el desastre", advirtió Sunderland. "Si estos grupos utilizan la violencia contra los inmigrantes, el Estado será directamente responsable", agregó.
RETÓRICA XENÓFOBA
Según HRW, Berlusconi reiteró recientemente su oposición a que Italia sea una nación multiétnica y no quiso criticar una propuesta presentada por la Liga Norte para que en Milán haya un sistema de transporte segregacionista, con puestos reservados exclusivamente para los milaneses. El presidente del país, Giorgio Napolitano, ha expresado su preocupación por el incremento de la "retórica xenófoba" en el debate público.
Recientemente, el Gobierno obligó a regresar a Libia a varios barcos cargados con inmigrantes interceptados en aguas internacionales, "sin determinar si necesitaban protección frente a persecuciones o abusos", lo cual, según la organización, supone "una clara violación del Derecho Internacional sobre refugiados".
El año pasado, recordó HRW, el Gobierno modificó el código penal para que el hecho de ser inmigrante indocumentado suponga un factor agravante en cualquier crimen. Con ello, un inmigrante irregular podría ser condenado a penas de cárcel superiores en un tercio a las que sufriría cualquier italiano o cualquier residente legal por el mismo crimen. Esta medida, según la organización, implica un castigo adicional a las personas debido a su estatus irregular.
