MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha pedido al Gobierno que "coordine mejor sus mentiras" sobre el calendario de aprobación de la nueva Ley del Aborto, que lidera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Así, exige al Ejecutivo que "deje de mentir" sobre la fase en la que se encuentra la nueva normativa "para no dar el bochornoso espectáculo que están protagonizando".
Llamazares critica que a comienzos de mes recibió una respuesta del Gobierno en el Congreso en la que el Ejecutivo 'popular' le aseguraba que el texto de la nueva regulación se encontraba en fase de informes y dictámenes e iba a pasar por el Consejo de Estado.
Frente a este versión, el diputado de IU recuerda cómo fuentes del PP aseguraron a Europa Press que el Ministerio de Justicia ya ha revisado y modificado el texto legal y éste se encuentra ya en manos de Moncloa para su inminente aprobación en Consejo de Ministros.
IU explica en este sentido que, cuando un texto de estas características se eleva al dictamen del Consejo de Estado, el trámite normal es que sus servicios jurídicos preparen el mismo, luego se pasa a debate a una de las secciones de este órgano consultivo para, una vez aprobado, se remita a su presidente, que debe convocar a la comisión permanente y luego al Pleno para emitir su decisión definitiva.
"Todo este proceso normalmente lleva varios meses, por lo que en absoluto pueden cuadrar las informaciones que facilita el Gobierno", advierte Llamazares, al mismo tiempo que insiste en que, frente a todas estas versiones "alguien o todos están mintiendo" al respecto.
Así, se pregunta cómo si a comienzos de julio el anteproyecto aún no había sido remitido al Consejo de Estado, es posible que esté ya en Moncloa.
"Desde que empezó este culebrón cualquier apelación hecha por el Ejecutivo del PP al diálogo ha sido una pura farsa. Decidieron guardar esta reforma durante la pasada campaña de las elecciones europeas por intereses electorales y para no asustar a su propio electorado, muy reticente ante los reaccionarios cambios propuestos", sostiene el parlamentario asturiano.
El Ministerio de Justicia optó por no remitir el anteproyecto al Consejo de Estado al considerar que con los informes remitidos por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Comité de Bioética la iniciativa ya había sido suficientemente informada, según las fuentes consultadas. Aunque se trata del máximo órgano consultivo del Gobierno, recabar la postura del Consejo de Estado no es obligatorio para el legislador.
