26 de septiembre de 2020
24 de septiembre de 2014

Los judíos de España esperan que la marcha de Gallardón no paralice el proyecto de nacionalizar a sefardíes

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Querub, ha indicado que sienten "mucho" la decisión de Gallardón de dimitir aunque la respetan y espera que con su dimisión "no se vean afectados" ni la ley para la concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes ni la reforma del Código Penal en su artículo 510.

"La FCJE contaba con él para sacar adelante el proyecto de reforma del Código Penal en su artículo 510 así como la ley que otorga la concesión de nacionalidad a los judíos sefardíes", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Querub, que define al exministro como "un hombre inteligente y valiente", ha asegurado que la Federación de Comunidades Judías de España "siempre" ha contado con el "apoyo" de Gallardón y ha subrayado que "su iniciativa ha sido importantísima para que estos proyectos vieran la luz".

El Consejo de Ministros dio luz verde y remitió al Parlamento el pasado mes de junio el proyecto de Ley de modificación del Código Civil para conceder la nacionalidad española a los judíos sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con el país y sin necesidad de renunciar a su anterior nacionalidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que los apellidos pertenecientes al linaje sefardí se valorarán como elemento adicional y que se exigirá la superación de una prueba de conocimientos de cultura española que será diseñada por el Instituto Cervantes. La solicitud deberá hacerse en castellano y los interesados tendrán que abonar una tasa de 75 euros.

Por otro lado, la reforma del Código Penal tipifica dos grupos de conductas: las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios, y los actos de negación o enaltecimiento de los delitos de genocidio. Concretamente, establece penas de prisión de uno a cuatro años.