MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley que ha preparado el Gobierno para adaptar la legislación española en materia de Protección de Datos a la directiva europea --que entrará en vigor el próximo mes de mayo-- pasará su primer examen parlamentario en el próximo Pleno del Congreso.
La norma deberá enfrentarse en la Cámara Baja a un debate a la totalidad tras haber presentado el PDeCAT, que argumenta en su escrito que, según el Estatuto catalán, la actuación en materia de Protección de Datos es de competencia autonómica. Además, señala que el Reglamento europeo plantea requisitos que no está previstos en la norma redactada por el Ejecutivo.
La propuesta del Gobierno, que será defendida en la Cámara Baja por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, introduce novedades como el tratamiento de los datos de personas fallecidas por parte de sus herederos teniendo en cuenta las instrucciones aportadas por las mismas. Además, se excluye el consentimiento tácito, debiendo ser expreso y afirmativo y se establece la presunción de exactitud y actualización de los datos obtenidos directamente del interesado.
En cuanto a la edad para el consentimiento, se reduce desde los 14 a los 13 años tal y como permite el Reglamento europeo, para adaptar el sistema español al de otros países de su entorno.
SE REGULA LA VIDEOVIGILANCIA
Atendiendo al tratamiento de los datos, se adopta el principio de transparencia, se regulan los sistemas de información crediticia, la videovigilancia, los sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.
Se incide también en los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición y se introduce la obligación de bloqueo que garantiza que esos datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la Agencia Española de Protección de Datos) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.
En el caso de España, la adaptación de la legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones, según informa el Ministerio de Justicia.
Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y las empresas deberán revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.
