Los fondos dejan de distribuirse únicamente en función de la población y reconocen el número de dependientes atendidos
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Bienestar Social en funciones de la Comunidad de Madrid, Micaela Navarro, aceptó hoy la "propuesta intermedia" que el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales ha establecido para el reparto de los fondos a las comunidades autónomas para la Ley de Dependencia pero incidió en que es necesario que el porcentaje de los fondos que se distribuya en función de las personas atendidas se incremente progresivamente.
La propuesta aprobada hoy por el Consejo Territorial de Dependencia premia a las comunidades autónomas que mejor desarrollen la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia y tiene como objetivo que el denominado 'nivel acordado' de financiación de la ley deje de distribuirse únicamente en función de la población y también tenga en cuenta el número de personas que son evaluadas y atendidas.
Con el nuevo criterio, el 80 por ciento de los fondos se repartirá en función de criterios poblacionales y el 20 restante, en virtud de las personas realmente atendidas.
A pesar de que Andalucía había propuesto que esos dos criterios pesasen, al menos, por igual, Navarro aceptó la propuesta pero, no obstante, insistió en que es preciso seguir avanzando para que a la hora de repartir los fondos, el número de personas atendidas prime sobre el criterio de la población de modo que las Comunidades Autónomas que hayan avanzado más en la aplicación de la ley, valorando y atendiendo a más dependientes, obtengan más dinero.
Navarro apuntó que la relación incluso podría invertirse de modo que el 80 por ciento de los fondos se distribuyan según las cifras de dependientes atendidos y el 20 por ciento restante se emplee como "mecanismo corrector" para corregir circunstancias territoriales o de dispersión.
Para la consejera en funciones, del mismo modo que "cuando se hace un presupuesto para arreglar carreteras, se gasta en carreteras", el presupuesto para Dependencia, "lo hay que gastar en personas dependientes, no en función del número de personas mayores, con discapacidad o de su dispersidad".
A su juicio, desde que la ley echó a andar el reparto de la financiación se ha hecho atendiendo prácticamente en exclusiva a la población de cada región puesto que en sus inicios se desconocía cuántas personas tendrían derecho a recibir una prestación económica o un servicio. "Era lógico", indicó Navarro quien, sin embargo, considera que ahora que la norma lleva dos años en vigor, las regiones ya han tenido oportunidad de hacer sus deberes y de valorar y reconocer el número de personas dependientes que tienen.
Además, para Navarro, las comunidades que no quien que el dinero se reparta en función de las personas atendidas, entre las que están Madrid y Comunidad Valenciana, "es porque realmente no las están atendiendo". La consejera andaluza también adelantó que Jiménez transmitió hoy el "compromiso abierto" de seguir "ahondando" en los criterios y analizando "todas las circunstancias que tienen que ver con la financiación".
Según los datos aportados por la responsable de Igualdad, a fecha 1 de abril, Andalucía había reconocido y atendido a más 158.000 personas dependientes, de las más de 270.000 solicitudes presentadas. Al respecto, destacó el "aumento muy considerable" registrado en los servicios de ayuda a domicilio de modo que más de 35.000 andaluces reciben ya ayuda a domicilio, lo que es "muy importante" porque les permite "mantenerse en su entorno" y porque, además, estos servicios están entre los que "generan un mayor número de empleos".
Con respecto al reparto de 283 millones de euros --una parte de los 1.558 millones de euros que constituyen los fondos para el despliegue de la en 2009 y establecido en el Consejo Territorial de hoy-- Andalucía recibirá algo más de 55 millones de euros, según señaló Navarro tras la celebración del mismo.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
Por otro lado, valoró positivamente la elaboración de un catálogo de buenas prácticas que Jiménez planteó hoy a los responsables autonómicos y que pretende que las administraciones sean "más ágiles y más eficaces" en las respuesta a ofrecer a los dependientes.
Para Navarro, este manual, al que las comunidades aportarán sus prácticas en la materia tras dos años de rodaje de la ley, "puede venir muy bien" para aprender e intercambiar experiencias, especialmente en lo que se refiere a "servicios y recursos complementarios".
