MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que más dinero recibirán para la acogida e integración de inmigrantes del Fondo que aprobó hoy el consejo de ministros, integrado por un total de 182 millones de euros. Concretamente la comunidad catalana recibirá casi 41 millones de euros y Madrid poco más de 40.200.000. Le siguen muy por detrás Valencia, con 22.540.000 y Andalucía, con 20.550.363. Los ayuntamientos recibirán un total de 76 millones de euros.
Según detalla el Gobierno a través de un comunicado, este año la dotación es de 182,4 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 60 millones. Del total, el 50 por ciento va para programas de acogida e integración y el otro 50 por ciento para refuerzo educativo. La asignación de los recursos se ha hecho en base a principios de equidad y transparencia atendiendo a criterios objetivos tales como el empadronamiento, la afiliación a la Seguridad Social y la escolarización en la enseñanza no universitaria, según se decidió en el Consejo Superior de Política e Inmigración el pasado 17 de febrero.
Concretamente se destinarán 40.942.170 euros a Cataluña; 40.218.646 a Madrid; 22.540.940 a Comunidad Valenciana; 20.550.363 a Andalucía; 11.118.130 a Murcia; 8.503.513 a Canarias; 7.278.048 a Castilla-La Mancha; 5.591.380 para Castilla y León; 5.816.229 para Aragón; 5.294.633 para Baleares; 2.671.820 para Galicia; 2.057.132 para la Rioja; 1.662.801 para el País Vasco; 1.577.033 para Asturias; 1.550.843 para Cantabria; 1.415.649 para Navarra; 851.337 para Melilla y 827.946 para Ceuta.
NO DISCRIMINACIÓN
Los recursos del Fondo van a permitir llevar a cabo actuaciones que beneficiarán tanto a personas inmigrantes como autóctonas, basándose en principios de igualdad de trato y no discriminación. Con este espíritu se pretende promover el acceso a la población inmigrante a servicios públicos de carácter general.
El Gobierno sostiene que este fondo ha servido para dar un impulso considerable a las medidas activas de integración social, que constituyen uno de los pilares básicos de una política integral de inmigración en la que la cooperación entre las distintas administraciones se convierte en un elemento clave para acortar objetivos y desarrollar programas y actuaciones coherentes.
