Mato admite que "no es partidaria de imposiciones" con anuncios de contactos que pero sí contraria a publicidad sexista

Ana Mato
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 9 febrero 2012 22:05

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha aprovechado su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso para aclarar, a petición de PSOE y BNG, que "no es partidaria de imposiciones" sobre la prohibición total de los anuncios de prostitución de los medios de comunicación, si bien ha reconocido que es contraria a la "publicidad sexista".

Así, se ha comprometido a seguir trabajando sobre lo que ya se acordó en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura, por parte de todos los grupos parlamentarios, que consensuaron una proposición de ley de cara a modificar la Ley General de Publicidad de 1988 y reconocer a este tipo de anuncios como 'publicidad ilícita', así como proteger a los menores frente a este tipo de publicidad de servicios sexuales.

Por ello, quiere mantener una "colaboración estrecha" con todos los medios de comunicación y que estos mismos cambien sus propios "criterios" sobre el tipo de publicidad que reproducen.

"La dignidad de la mujer es lo primero y no estaré nunca a favor de un anuncio que atente contra la dignidad de las mujeres", ha sentenciado la ministra, al mismo tiempo que ha recalcado que seguirá trabajando en estas cuestiones.

De igual forma, ha insistido en que también discrepa con los anuncios sexistas, porque "siempre parece que las mujeres están abocadas a las tareas del hogar y no los hombres y en ese tema hay que prestar especial atención", según ha avisado.

La modificación de la Ley General de Publicidad fue una de las opciones planteadas por el Consejo de Estado cuando en mayo de 2010 la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, requirió su asesoramiento sobre las fórmulas jurídicas más apropiadas para ejecutar la prohibición de los anuncios de contactos. El organismo consultivo avaló esta iniciativa en marzo de 2011 y recomendó la aprobación de una "ley prohibitiva de la actividad" para llevarla a cabo.