BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de las seis familias que aún esperaban completar el proceso de adopción en la República del Congo que iniciaron en verano de 2006 han decidido iniciar una nueva adopción en otro país de África, ya que muchos de ellos "han perdido la esperanza", según afirmó a Europa Press uno de los padres en proceso de adopción, David Parcerisa.
Parcerisa lamentó que desde la Consejería de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat no se haya ofrecido "algún tipo de ayuda o apoyo" para los nuevos procesos y que "no haya hecho nada para acelerar" dichas adopciones, teniendo en cuenta la particularidad de los casos. "Nos han dicho que, cómo cualquier familia, tenemos todo el derecho a adoptar", aseguró.
El proceso de adopción se paralizó cuando el país africano anunció la suspensión de las adopciones internacionales a raíz del escándalo provocado por el presunto intento de secuestro de 103 menores en Chad por la ONG francesa 'El Arca de Zoé'.
Parcerisa afirmó que la posibilidad de reabrir las adopciones en la República del Congo no llegará "como mínimo en dos años o más" y aseguró que hacen falta "gestiones diplomáticas muy importantes". "Nosotros sólo somos seis familias", puntualizó.
Por otro lado, aseveró que el suceso con la ONG francesa en Chad podría haber servido como "pretexto" para que las administraciones congoleñas paralizasen los procesos de adopción ante las presuntas irregularidades por parte de la Asociación de Adopciones de Niños del Congo (Adic), entidad mediadora suspendida que inició los trámites de adopción de las familias, con españoles.
En cuanto a la actuación de la Generalitat, Parcerisa afirmó que, como afectado, le hubiese gustado ver en la administración "la voluntad de querer depurar responsabilidades" y añadió que el Govern "tiene pruebas contra las personas que cometieron las irregularidades".
"El caso era suficientemente significativo, para que Capdevila --titular de la consejera de Acción Social y Ciudadanía-- se lo hubiese tomado como tema personal", afirmó Parcerisa, que añadió que la Generalitat podría tener "responsabilidad subsidiaria".
ASESORIAMIENTO LEGAL.
Por otro lado, anunció que las 18 familias que firmaron el contrato para iniciar los expedientes de adopción, 12 de las cuales lo finalizaron, han pedido asesoramiento legal a un abogado para conocer cuáles son sus derechos y qué medidas pueden emprender.
Entre éstas, apuntó a que hasta el momento se han tenido que hacer cargo ellos de los gastos económicos --unos 10.000 euros-- que supuso empezar el proceso de adopción que, finalmente, no han podido culminar. Añadió que se siente "vejado" por parte de la administración y se mostró "muy decepcionado" de que la Generalitat "no haga absolutamente nada para ayudar a las familias".
