El proyecto de ley pasa el trámite para su próximo debate en el pleno de la Cámara alta
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 1/2005 del 9 de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El proyecto de Ley aprobado busca intensificar las reducciones de emisiones "de forma eficaz" en relación con los costes y adecuar la normativa a los compromisos internacionales de España en materia de lucha contra el cambio climático.
El texto ha sido aprobado en la Comisión, tras desestimar las enmiendas, por 27 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.
Sin embargo, aún podría incorporarse alguna modificación al texto definitivo, ya que los grupos del Senado que las presentaron pueden presentar un voto particular en las próximas 24 horas para incluir enmiendas que serían defendidas en el pleno de la Cámara alta.
La encargada de defender el proyecto de ley, que se tramita por la vía de urgencia, será la presidenta de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Senado, la socialista María Isabel Moreno Duque.
El proyecto de ley aprobado por la Comisión transpone la Directiva Europea sobre la IV fase del comercio de emisiones de CO2 para el periodo 2021-2030, que es uno de los instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a 2030, en línea con los compromisos climáticos anunciados por los Veintisiete.
Entre las novedades para este periodo destacan el incremento del factor de reducción lineal del 1,74 por ciento en la fase III (2013-2020) al 2,2 por ciento para el próximo periodo a partir de 2021.
Durante la fase IV se dividirán a efectos de asignación gratuita de derechos de emisión y en relación a las instalaciones fijas en dos periodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030. Se mantiene también la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, continúan las asignaciones gratuitas pero con una mejora de las disposiciones sobre fugas de carbono y se crean varios fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.
