MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
Musulmanes, judíos y evangélicos de España han cerrado un año 2017 "especial" por la celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Cooperación con el Estado español, marcado por algunas reivindicaciones cumplidas y "avances" en libertad religiosa aunque también por "estancamientos". En 2018, por primera vez, estas confesiones serán fiscalizadas por el Estado.
El secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez, ha calificado como "muy especial" el año 2017 para los protestantes españoles, sobre todo por el 500 aniversario de la Reforma Protestante, que "posiblemente haya marcado un antes y un después en muchos aspectos".
Así, ha precisado que este aniversario ha supuesto una doble oportunidad: "en clave interna, para profundizar en las raíces históricas y reforzar la identidad como evangélicos españoles"; y para la sociedad española, como forma "de recuperar una parte desconocida de la historia de España, con sus luces y sus sombras".
"La repercusión positiva que han tenido, tanto la persona de Lutero como el movimiento de la Reforma, en el ámbito religioso, académico, mediático e institucional, no tiene precedentes en la historia de nuestro país", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.
Además, ha recordado el acto celebrado en el Congreso de los Diputados para conmemorar el 25 Aniversario de la firma de los Acuerdos de Cooperación, como "otro de los grandes momentos" para los protestantes españoles en este 2017, y "de modo particular para algunos de quienes participaron en el proceso negociador de los mismos que, con mucha emoción, pudieron estar presentes en ese homenaje".
Por otro lado, ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo parte del Real Decreto que regula las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, por constituir un trato discriminatorio, fue "un motivo de satisfacción".
Además, esperan que en 2018 puedan "ver satisfecha, de manera efectiva, la justicia y la reparación económica y moral que se merecen los pastores jubilados y sus viudas, a los que no se permitió cotizar a la seguridad social durante el franquismo".
Asimismo, de cara al 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebrará este año, los evangélicos españoles desean que los derechos que hoy son "vulnerados o amenazados" sean "una prioridad en las agendas de los gobiernos".
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ISLÁMICA, SIN DESARROLLAR
El presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, ha indicado que durante el año 2017 han experimentado "algunos avances significativos que atañen al ejercicio de la libertad religiosa de los musulmanes" en el contexto del Acuerdo de Cooperación de 1992, pero a la vez "algunos estancamientos e incluso algún retroceso".
Con respecto a la enseñanza religiosa, Tatary ha lamentado que, "pese a la demanda", solo hay contratados 61 profesores de religión islámica en Educación Primaria en ocho autonomías, siendo cinco de ellas competencia del Estado, mientras que ninguna de las once autonomías restantes ha contratado profesores, "quedando todavía sin desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica en la mayoría del Estado".
Además, ha apuntado que durante el año que ha concluido ha existido una falta de "cooperación" ante la petición formal de información sobre solicitudes de clase de religión islámica por parte de las consejerías de Educación, con la excepción de Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, y Extremadura --esta última, en fase de tramitación--.
Igualmente, ha señalado que "continúa sin desarrollarse" la asistencia religiosa en establecimientos militares ni centros de menores infractores y ha añadido que en los centros penitenciarios solo prestan servicio asistentes religiosos en once de ellos, aunque la CIE calcula que serían necesario en treinta de ellos. Si bien, Tatary ha valorado positivamente que los siete Centros de Internamiento de Extranjeros en funcionamiento en España cuentan con asistentes religiosos musulmanes.
RELACIONES "FLUIDAS" CON LOS PODERES PÚBLICOS
Por otro lado, ha destacado las "relaciones fluidas entre la CIE y los poderes públicos y otras confesiones" manteniéndose "una convivencia ciudadana normalizada, en el conjunto de la sociedad, entre ciudadanos de diversas convicciones, la cual no se ve alterada por acciones de minoritarios grupos del extremismo identitario o del terrorismo internacional".
De cara a este nuevo año 2018, la CIE asegura su "plena disposición" a continuar trabajando en todos los aspectos relativos al ejercicio de la libertad religiosa en España, "con total cooperación con los poderes públicos y resto de confesiones, y servicio a los fieles y al resto de la sociedad española".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Elías Cohen, ha calificado de "positivo" el año que ha terminado, exceptuando el hecho "preocupante" de la amenaza por los ataques terroristas.
En concreto, del año 2017 ha destacado el trabajo por la implementación del estudio del Holocausto en el currículo escolar, la visita del presidente de Israel a España, las nuevas nacionalidades adquiridas por la nueva ley para sefardíes, o los 25 años de la firma del acuerdo de cooperación entre el Estado y las confesiones minoritarias, un tiempo en el que, a su juicio, se ha "trabajado mucho a favor de la libertad religiosa" aunque queden cosas por implementar.
FIN DEL PLAZO PARA QUE LOS SEFARDÍES SOLICITEN LA NACIONALIDAD
Sobre la Ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, Cohen ha precisado que una de sus reivindicaciones de cara a este nuevo año es que se amplíe el plazo para solicitar la nacionalidad, ya que la ley establecía un plazo de tres años que caduca en 2018. Los judíos reclaman incluso que la norma no tenga un plazo límite.
Además, en 2018 continuarán los diálogos para conseguir la devolución simbólica de Santa María la Blanca de Toledo. "Solo queremos una devolución simbólica, como sucedió en Palermo", ha precisado Cohen, al tiempo que ha precisado que las conversaciones con la Iglesia católica están "en buena sintonía".
Sobre la enseñanza del Holocausto, ha precisado que durante el año 2017 organizaron seminarios para docentes y ha asegurado que este año seguirán con ciclos de formación tanto para profesores, como para líderes políticos y estudiantes. Además, ha destacado la apuesta de la comunidad judía por un Pacto Educativo que contemple el respeto al diferente.
En cuanto al antisemitismo, ha puntualizado que España "no es un país antisemita" aunque considera que algunos grupos, "con la excusa de criticar a Israel, caen en actitudes antisemitas". En todo caso, ha puesto de relieve la resolución del Parlamento Europeo por la que pidió a los 28 países de la UE una persecución judicial más efectiva contra el antisemitismo.
FISCALIZADAS POR PRIMERA VEZ
Además, en 2018, musulmanes, judíos y evangélicos, al igual que la Iglesia católica, serán fiscalizados por el Estado por primera vez. El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en diciembre su programa de fiscalizaciones para este año en el que, a iniciativa propia, ha incluido por primera vez la financiación que reciben estas confesiones religiosas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta decisión se tomaba un año después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por los socialistas, reclamaran una fiscalización de la Iglesia a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017. Entonces, el pleno del organismo --compuesto por doce consejeros más el fiscal--, no incluyó esa petición por decisión mayoritaria.
