MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) - El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha denunciado que en España en estos momentos se está produciendo una "inquisición laica" contra la Iglesia católica al ponerse el "foco" en los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Gil Tamayo ha asegurado que están trabajando, a través de la recién creada Comisión que actualizará los protocolos contra los abusos en la Iglesia, para hacer de esta "un lugar seguro para los menores" y ha subrayado que un solo delito de este tipo "ya es relevante" y deben "castigarlo" porque el abuso sexual a un menor por parte de un sacerdote es "un verdadero crimen, un delito grave y un pecado horrendo". Si bien, ha pedido "no criminalizar" a la Iglesia, algo que a su parecer, se está haciendo en estos momentos en España "dirigiendo el foco sobre el clero y extendiendo un manto de sospecha social de manera interesada con toda una estrategia político mediática". Para el portavoz de los obispos, en lo que se refiere a los abusos sexuales a menores hay que "poner el foco en toda la sociedad" porque aunque la Iglesia católica tiene su "responsabilidad" y "su parte con la gravedad que exigen sus principios", considera que en el ámbito familiar es donde estadísticamente se produce el mayor número de casos". Si bien, ha reconocido que esto no les "exime" de "una responsabilidad" y de un trabajo que deben hacer y ha asegurado que hasta hace poco no han tenido esa "percepción de la gravedad" de estos delitos. "Debemos ir adquiriendo progresivamente una cultura compartida de defensa de los más débiles porque no la ha tenido la sociedad española y nosotros también, como partícipes de esa sociedad, no hemos tenido esa cultura compartida de defensa de la infancia y de percepción de la gravedad de esos delitos", ha señalado. Además, el portavoz de los obispos ha pedido que los delitos sexuales a menores no prescriban nunca, al igual que ocurre en la Iglesia católica. "Hay que destacar que la Iglesia es la que mantiene la no prescriptibilidad de esos delitos, en cambio el Estado sí; pediríamos que en este sentido todos fuésemos corresponsables en la solución, mediante medidas legislativas", ha agregado. "Por qué nadie va contra el Estado por la prescripción de esos delitos? ¿Por qué la focalización en la Iglesia? Somos conscientes, pero no somos los únicos, luego hay otra intencionalidad. Los primeros interesados en que no haya ningún caso somos nosotros, y ya un solo caso nos provoca dolor y vergüenza", ha apostillado. Acerca de la Comisión de trabajo creada por la CEE, que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española para responder a los casos de abusos a menores, Gil Tamayo ha explicado que se encuentra trabajando en una "primera fase jurídica" y que "armonizarán" las líneas a seguir para todas las instituciones de la Iglesia en España. Además, ha precisado que están sirviéndose para este trabajo de protocolos que ya tienen en marcha algunas órdenes religiosas e instituciones educativas de España, aunque no ha especificado cuáles. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DEL OBISPO Sobre la obligación del obispo de denunciar ante la Fiscalía los casos de abusos sexuales, que se incluye ya en los protocolos de algunas diócesis como la de Sigüenza-Guadalajara --un documento que a su vez está basado en el de Astorga--, el portavoz de los obispos ha insistido en que incluirán "la obligación de denunciar como corresponde a derecho". Asimismo, ha indicado que seguirán las indicaciones de la Santa Sede y, precisamente, ha destacado los esfuerzos del Papa Francisco por poner a toda la Iglesia en la clave de lucha contra los abusos sexuales. En este sentido, considera que el nombramiento este martes 13 de noviembre de monseñor Charles Jude Scicluna, investigador de los abusos sexuales en Chile, como secretario de la Doctrina de la Fe, ha supuesto un "refuerzo" y "dar la oficialidad mayor a esta cuestión dentro del organismo competente de la Santa Sede". También ha puesto de relieve la reunión convocada por el Papa con todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo, que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero del próximo año, para tratar el tema de los abusos sexuales.
