Menos de un tercio de los contribuyentes financia a la Iglesia
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los obispos españoles creen que las negociaciones con el Gobierno en materia de financiación y sobre la exigencia de la Unión Europea para obligar a la Iglesia a pagar el IVA "deben tratarse por separado", pero, en ambos casos, "en breve", por lo que desean que "ojalá por parte del Ejecutivo exista la misma disposición al diálogo".
"Como es lógico, por parte de la Conferencia Episcopal se viene trabajando desde hace meses en los estudios previos a la negociación de la financiación, con técnicos que vienen colaborando con la misma desde hace tiempo. Todavía no está fijada la fecha de inicio esas conversaciones, aunque lo deseable es que se inicien en breve. Se está pendiente de que, de común acuerdo, se establezca un primer contacto", explicó, en entrevista a Europa Press, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez.
Por otra parte, puesto que la CEE "entiende que el tema del IVA es totalmente independiente del asunto de la asignación tributaria, dado que afecta a instituciones distintas dentro de la Iglesia", su postura es que "debe tratarse por separado". En este sentido, Giménez señaló que "hasta este momento no se fijado ninguna reunión" y que, "si se tiene intención de arreglar el asunto, existen varias soluciones técnicas".
"Esperamos y deseamos tener ocasión de poderlo hacer en breve. Ojalá por parte del Gobierno exista esta misma disposición al diálogo", aseveró, en conclusión, el vicesecretario económico.
AUTOFINANCIACIÓN.
En materia de financiación, no obstante, no corre prisa una reunión con el Ejecutivo, puesto que el plazo límite para llegar a un acuerdo es septiembre. "Hay tiempo suficiente", según consideró Giménez, pero lo deseable es que la negociación empiece "en breve", ya que el pasado año, "cuando al final fuimos convocados, en la segunda quincena de septiembre, era tarde para poder estudiar con serenidad la reforma del sistema" y "en consecuencia, se tomó la decisión más adecuada, que era la de prorrogar un año y tener tiempo para estudiar una propuesta conjunta".
Entretanto, la Iglesia sigue alejándose del objetivo de autofinanciación señalado en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y que el Gobierno socialista ya ha recordado a los obispos. Y es que la fuente principal de los ingresos para su sostenimiento, concretamente el 87 por ciento, es el 0,52% de la cuota íntegra del IRPF de los contribuyentes que así lo consignan en su Declaración de la Renta, coeficiente "insuficiente" fijado por el entonces Gobierno socialista en 1987.
Según datos preliminares de la última campaña con los que cuenta la Vicesecretaría de Asuntos Económicos del episcopado, 5 millones de personas marcaron con X a favor de la Iglesia católica, lo que supone el 31,5 por ciento, menos de un tercio del total de los contribuyentes.
"El resto lo tiene que completar el Estado" hasta alcanzar la suma estipulada en los acuerdos Iglesia-Estado, cifra que se revisa anualmente y queda fijada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La asignación presupuestaria para 2006 es de 144,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,96%, inferior a la inflación, algo que ha venido ocurriendo en los últimos años.
"COMPROMISO ESTABLECIDO".
"No se trata de un regalo, sino de un compromiso establecido en un tratado internacional y refrendado explícitamente en la ley que regula el sistema actualmente (Ley 54/1999 de presupuestos del Estado para 2000)", detalla el vicesecretario económico.
En cuanto al complemento presupuestario, explicó que "es pronto para conocer cuál será su cuantía", pero "podría situarse este año por debajo de los 15 millones de euros". Aclaró en este punto que "contrariamente a lo que se viene diciendo, la aportación de Estado se ha venido reduciendo": en 1988 el complemento fue de algo más de 40 millones de euros y 15 años más tarde, en 2003, fue de 19,8 millones de euros, menos de la mitad que hace 15 años.
Con todo, sobre el objetivo de autofinanciación, los obispos aseguran que la Iglesia "ha avanzado mucho en estos años en la tareas de captar recursos por sí misma", pero que, "no obstante, las necesidades marcadas por sus fines, como son el apostolado o el ejercicio de la caridad, no se agotan".
Por tanto, para el "mejor cumplimiento de los acuerdos" --en palabras de Giménez--hay que poner sobre la mesa de negociación nuevas mejoras que no sólo pasan por replantear el coeficiente del 0,52 por ciento, como son "el impacto de posibles reformas fiscales en el futuro, el posible impacto de creación de Agencias Tributarias, el mecanismo de asignación de contribuyentes que pagan IRPF, pero que no realizan declaración, otras alternativas para conseguir recursos que eviten la existencia de un complemento presupuestario, mecanismos para garantizar la bondad de los datos de la asignación tributaria y otras consideraciones técnicas". "Como puede verse, no se trata exclusivamente del establecimiento de un porcentaje. Hay que trabajar, y mucho", apostilló.
¿EN QUÉ SE GASTA EL DINERO LA IGLESIA?
El instrumento del que se vale la Conferencia Episcopal para repartir el dinero recibido del Estado es el Fondo Común Interdiocesano. Dicho fondo se constituye no solo con el dinero recibido del Gobierno sino que las diócesis, que aportan una cantidad en función de sus posibilidades. Además, se incluyen algunas otras partidas como donativos o retorno de cuotas de Seguridad Social.
El dinero tiene dos destinos: la partida más relevante es la que se distribuye a todas las diócesis para su mantenimiento (retribución de sacerdotes, actividades pastorales, etc.) y otros gastos destinados al pago de la Seguridad Social de todos los sacerdotes, pago de las retribuciones de los obispos o distribución a instituciones de la Iglesia.
"El dinero que se percibe de la asignación tributaria no está destinado, en primera instancia, a lo que se viene a llamar la actividad asistencial de la Iglesia, sino más bien a las necesidades primarias de la misma. No obstante, debe quedar clara una cosa: la labor social de la Iglesia no nace por generación espontánea; para que ésta se produzca es necesario que los católicos tengan un sitio donde reunirse y escuchar la palabra, sacerdotes que presidan la Eucaristía, que acompañen a los fieles, etc. ¿No es acaso una demanda social a cubrir el que más de 7 millones de personas cada domingo acudan a la Iglesia a vivir y compartir su fe? Por eso, igual que el Estado colabora en el sostenimiento de otras actividades de interés para la sociedad, parece lógico que continúe colaborando con el sostenimiento de la Iglesia", asevera Giménez.
EXENCIÓN DE IVA.
Capítulo aparte es el de la reciente exigencia de la UE a España para que obligue a la Iglesia católica a pagar el IVA. El Gobierno dispone de dos meses desde la notificación que se produjo a mediados de diciembre antes de ser denunciado por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE. "Desde que se conoció la noticia, la CEE manifestó su disposición al diálogo para solventar este asunto", señaló Giménez, pero, pese a que urge una reunión, "hasta el momento no se ha fijado".
El vicesecretario económico del episcopado explicó que las instituciones eclesiales pagan el IVA de la gran mayoría de sus adquisiciones, menos en algunos casos de adquisición o construcción de bienes inmuebles para su actividad propia o en la adquisición de objetos destinados solo al culto (velas, cálices, bancos de templo, etc.).
"Para el resto de bienes y servicios se paga el IVA como cualquier otro contribuyente (luz, teléfono, gas, material, etc.)", aclaró Giménez, que aseguró que CEE no dispone del dato del ahorro anual por esta exención de impuestos.
