7 de agosto de 2020
26 de febrero de 2009

Parlamento andaluz pide a la Junta que garantice escolarización mixta en los centros docentes sostenidos con fondos públicos

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, que fue apoyada por IU, mientras que el PP decidió no emitir voto, en la que se pide a la Junta que garantice la escolarización mixta en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

De igual manera, se instó al Gobierno andaluz a seguir aplicando la Ley Orgánica de Educación en cuanto a la admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Se abogó también por adoptar las medidas precisas para que en ningún centro docente sostenido con fondos públicos haya discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La Cámara también advirtió de la necesidad de poner en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir que todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma escolaricen alumnos y alumnas en sus aulas.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Susana Rivas advirtió de que pese a lo que establece la ley, en Andalucía existen todavía determinados centros concertados que mantienen la educación diferenciada entre niños y niñas, amparándose en determinadas sentencias dictadas por el tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Subrayó que una sentencia del 16 de abril de 2008 del Tribunal Supremo recoge que "la educación diferenciada, en lo que se refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a los titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocido en el artículo 27 de la Constitución española".

Asimismo, Rivas explicó que esta misma sentencia establece que "el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros concertados; esto es, forma parte de esa intervención estatal que limita el derecho de dirección en los centros privados que reciben ayudas públicas en virtud de lo establecido en el artículo 27.9 de la Constitución española".