MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), junto con otras 53 organizaciones, han instado al Consejo de la Unión Europea a defender los derechos de los ciudadanos y la economía digital europea, en el marco de la reunión que mantendrá el órgano este viernes 23 de noviembre para analizar la Directiva europea de derechos de autor.
En un escrito remitido al Consejo de la Unión Europea, representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles, privacidad y de libertad de medios; desarrolladores de software; creadores; periodistas; cadenas de radio; instituciones de educación superior e instituciones de investigación ponen de manifiesto sus preocupaciones con respecto a la propuesta.
A juicio de estas organizaciones, "tanto el texto del Consejo como el del Parlamento corren el riesgo de crear graves impedimentos para el funcionamiento de Internet y la libertad de expresión de todos", destacan en la carta hecha pública por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.
"En las cartas abiertas anteriores del 26 de abril y del 2 de julio, instamos a los responsables políticos europeos a que implementen una reforma que defienda el derecho fundamental de todos a la libertad de expresión, así como principios esenciales como la limitación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet (que es crucial para garantizar el equilibrio de derechos exigido en repetidas ocasiones por las decisiones del TJUE) y el acceso al conocimiento", recuerdan.
Unas de las preocupaciones de los firmantes de la carta es el polémico artículo 13, que obliga a las plataformas 'online' a adoptar las "medidas pertinentes" para "asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos con titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones". De este modo, las redes sociales y otras plataformas tendrán que supervisar que cualquier contenido que los usuarios suban cumpla con las normas pertinentes de propiedad intelectual.
"Cambiar o reinterpretar el régimen de responsabilidad de las plataformas y hacerlas directamente responsables es una amenaza para los derechos fundamentales, como han declarado repetidamente más de 70 personalidades de Internet, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, ONG, programadores y académicos. El filtrado resultante ('tecnologías de reconocimiento de contenido') empujarían a los intermediarios de Internet a confiar en tecnologías propensas a errores, intrusivas y legalmente cuestionables", argumentan las entidades.
LA DIVERSIDAD DE OPINIONES, "EN RIESGO"
A su juicio, "confiar en algoritmos muy imperfectos para regular la libertad de expresión 'online' pondrá en riesgo la diversidad de opiniones y el contenido creativo". Además, alertan de que la "inseguridad jurídica creada para las empresas europeas significará que nunca sabrán qué cantidad de filtrado será suficiente para que se considere 'suficiente' para las 27 transposiciones nacionales de la Directiva" y añaden que "la única opción será el bloqueo de contenidos legales".
En relación con el artículo 11 sobre la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, defienden que "no es necesario un derecho de los editores de prensa y solo tendrá resultados perjudiciales".
Además, añaden que, como resultado de esta propuesta, los enlaces compartidos por los usuarios en las redes sociales, los sitios web de agregación de noticias y los motores de búsqueda "ya no mostrarán extractos o dejarán de estar disponibles, lo que creará límites a la libertad de los ciudadanos para buscar e impartir información".
"La pluralidad de los medios sufrirá a medida que las fuentes de noticias nuevas o innovadoras ya no se tratarán por igual en la visualización de resultados en Internet. Además, el contenido creado por los usuarios en plataformas ya no podrá incluir extractos de trabajos con licencia, ya que las reglas de cotización entre los países europeos no están armonizadas", recalcan.
De este modo, solicitan el rechazo de "los filtros obligatorios o 'voluntarios' y mantener el régimen de responsabilidad actual intacto". "La aplicación de los derechos de autor no debe convertirse en una censura preventiva, arbitraria y privatizada de contenidos legales", subrayan.
Asimismo, piden que se escuche "la voz de la investigación académica alertando de que el derecho de los editores de prensa no tendrá el efecto deseado y, en cambio, conducirá a una sociedad europea menos informada".
"Por todas las razones anteriores, le pedimos que adopte una postura firme respecto de los derechos de los ciudadanos y la economía digital europea en las negociaciones en curso de diálogo a tres bandas. Le pedimos que defienda un derecho de autor que respete los cimientos de una sociedad digital libre, innovadora y abierta que ofrece un mercado vibrante y abierto para los artistas y sus obras", concluye.
