El Pleno del Congreso aprueba pedir al Gobierno una nueva Ley de Protección Civil

Actualizado: martes, 11 septiembre 2012 21:23


MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con los votos a favor de los Grupos Parlamentarios Popular, socialista, catalán y vasco, una iniciativa del PP que insta al Ejecutivo a elaborar una nueva Ley de Protección Civil consensuada con los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que dé respuesta a las necesidades de la sociedad civil.

El texto insta al Gobierno a que la nueva norma se cree acorde a los requisitos actuales en materia de emergencias, incorporando los nuevos riesgos de gestión de grandes catástrofes, haciendo el texto más moderno, interdepartamental y que atienda a criterios de eficiencia económica.

Además, pide que se fomente el diálogo y la cooperación permanente entre administraciones públicas y operadores y órganos competentes. Del mismo modo, insta a que se tenga en consideración la Estrategia Española de Seguridad y que incluya el marco internacional de Protección Civil, especialmente el europeo.

Finalmente, en el texto se solicita que respete en todo caso las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas siempre bajo la interpretación del Tribunal Supremo y que potencie los mecanismos de colaboración entre Gobiernos regionales y Estado.

Durante su intervención en el pleno del Congreso, la diputada 'popular', Belén Hoyo, ha señalado que la nueva normativa debe integrar a las administraciones locales y las comunidades autónomas, como agentes imprescindibles de cooperación que aportan sus recursos, y optimizan sus intervenciones en casos de emergencia, mediante la planificación conjunta.

Además, ha apuntado que debe establecer protocolos de actuación donde se integren todos los recursos de todas las administraciones, con un mando único, y la realización y evaluación de simulacros que ayuden a la implantación de dicho sistema.

A su vez, ha señalado que la ley debería crear un nuevo marco donde los medios y recursos de la Administración General del Estado, movilizables en emergencias, se pongan a disposición de las autoridades locales y autonómicas cuando sean estas las que asuman el mando, y cuando el mando corresponda a la Administración General del Estado, sean los recursos del resto de administraciones los que se pongan a su disposición para conseguir una actuación coordinada.

Por su parte el diputado socialista, José Segura ha señalado que la enmienda propuesta por su grupo, y aceptada por el PP, pide la regulación y la modernización en los planes de coordinación de los organismos y administraciones competentes en casos de grandes catástrofes. Además, además insta a que "se considere la estrategia española de seguridad pero que también se incluya el marco internacional de Protección Civil, y sobre todo el Europeo".

Los portavoces de CiU y PNV, Lourdes Ciuró y Aitor Esteban Bravo, respectivamente, ha defendido las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas. Así, Ciuró ha señalado que "hay autonomías como Cataluña que tienen vocación de asumir las competencias" que actualmente le corresponden, aunque, ha apuntado que desde CiU entienden que haya comunidades que deseen delegar algunas.

Por su parte, Bravo también ha añadido que en la nueva normativa debería abarcar el ámbito internacional, aunque teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen sus propias competencias en ciertos aspectos.

IZQUIERDA PLURAL y UPyD EN CONTRA

Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural y UPyD se han mostrado contrarios al texto del PP. Para el diputado de IU, Gaspar Llamazares los 'populares' quieren utilizar la puesta en marcha de esta iniciativa es "como una cortina de humo a lo que no hicieron durante el verano".

"En el año más catastrófico medioambientalmente hablando no han querido comparecer para explicar qué estaba pasando y qué cosas se podían mejorar y ahora en septiembre vienen a tapar esta irresponsabilidad con esta medida", ha denunciado Llamazares.

Por su parte, el portavoz de UPyD, Toni Cantó, ha defendido que las competencias deberían recaer en el Estado y no delegar ciertas responsabilidades en los gobiernos autonómicos.