MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP, PSOE, CiU, UPyD, PNV y Coalición Canaria han acordado este martes respaldar una iniciativa para modificar la ley y aumentar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de cara a dar cumplimiento a una de las recomendaciones recogidas en la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que fue aprobada en 2006 por la Asamblea de Naciones Unidas y ratificada por el Parlamento español en 2008, y que estaba pendiente desde entonces.
Se trata de cambiar la regulación vigente en lo referente al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que tienen alguna discapacidad, dado que hasta ahora está establecido el régimen de 'tutor legal', sin tener en cuenta el grado de discapacidad de la persona y declarándole directamente 'incapaz' a la hora de tomar sus propias decisiones.
ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN
En concreto, la proposición no de ley insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.
Bajo la rúbrica general de 'Igual reconocimiento como persona ante la Ley', el artículo 12 de la Convención se ocupa en sus diferentes apartados de la consideración jurídica de las personas con discapacidad como personas, dotadas, al igual que quienes no se encuentren afectados por discapacidad de ningún tipo, de capacidad jurídica.
ACEPTADAS ENMIENDAS DE PSOE Y CIU
El PP ha aceptado también en esta iniciativa dos enmiendas propuestas por PSOE y CiU, en las que se pide la remisión a las Cortes Generales de este texto "en el plazo de tres meses" desde la aprobación de la iniciativa, además de que en su elaboración se respete el derecho civil propio de las comunidades autónomas que lo hayan desarrollado.
El portavoz de Discapacidad del Grupo Popular, Francisco Vañó, ha defendido esa equiparación de derechos de las personas con discapacidad y que éstas puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, en todos los aspectos de la vida.
A su juicio, hay que permitir instrumentos jurídicos que posibiliten a las personas con discapacidad su "traje jurídico a medida", es decir, que cada persona tenga su capacidad para poder decidir en todos sus ámbitos y en el jurídico también.
Desde CiU, Conxita Tarruella ha criticado que la tribuna del Hemiciclo todavía no esté adaptada a personas con discapacidad, como el propio Vañó, que va en silla de ruedas, mientras que la socialista Gracia Fernández Moya cree que la iniciativa está fuera de lugar y fuera de tiempo, dado el retraso que lleva la normativa.
A juicio de Ana Oramas, de Coalición Canaria, hay que poner plazos, pero lo importante es que el Gobierno la lleve a término. A la vez, Rosana Pérez, del BNG, ve "curioso" que el grupo que sustenta el Gobierno le insta a cumplir la ley y a elaborar una normativa que ya tendría que estar puesta en marcha.
Desde el PNV, Arantza Tapia cree que el problema no lo tienen las personas con discapacidad sino la sociedad que no es capaz de facilitar su inclusión e integración en la sociedad, y por ello defiende que, además de adaptar la ley, hay que poner los mecanismos adecuados para que ésta sea una realidad, como aquellas situaciones que viven las personas con discapacidad que viajan.
Por su parte, Toni Cantó, ve bien la iniciativa aunque cree que llega tarde porque la Convención debería estar puesta en marcha desde 2008.
