El Ejecutivo plantea que los empresarios puedan usar las grabaciones cuando se capte un delito, aunque el trabajador no esté informado
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP, PSOE y Podemos han enmendado el proyecto de ley de Protección de datos que se tramita en el Congreso para suavizar la propuesta que hizo el Gobierno sobre el uso por parte de los empresarios de las imágenes de videovigilancia grabadas a empleados en los centros de trabajo.
El texto del Ejecutivo, una transposición de la normativa europea, permite a los empleadores obtener imágenes a través de sistemas de cámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores, siempre y cuando estos estén informados de la normativa. Sin embargo, el proyecto especifica que si las imágenes "captan la comisión flagrante de un acto delictivo, la ausencia de la información no privará de valor probatorio a las imágenes".
Esta última aclaración es la que el PP quiere modificar a través de una enmienda en la que elimina la posibilidad de que se usen las grabaciones si los trabajadores no están informados.
En sus alegaciones, el partido que sustenta al Gobierno señala la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos --conocido como el asunto López Ribalda y otros contra España-- y que coincide con la jurisprudencia mantenida por los tribunales Constitucional y Supremos españoles, en el sentido de que el tratamiento de estas imágenes "sólo sería posible" cuando los implicados hayan sido informados acerca de esta posibilidad.
"Es necesario cambiar el texto porque no se prevé esta previa información, en el sentido de considerar necesario que el empleado haya podido tener conocimiento de la información que, con carácter general, exige este mismo artículo de la ley en otro punto. Es decir, que exista un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible", argumenta el PP en sus enmiendas, recogidas por Europa Press.
El PSOE también elimina la propuesta del Gobierno y, además, aclara que el empresario podrá incluir en el dispositivo informativo de esta medida "un código de conexión o dirección a Internet a esta información". "En todo caso, el responsable del tratamiento, deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento en el establecimiento objeto de la videovigilancia", apunta.
INFORMACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS
Unidos Podemos va aún más allá y aboga por endurecer los requisitos para la colocación de cámaras. En concreto, el grupo confederal quiere que el empleado sea informado previamente de la existencia del sistema de videovigilancia "de manera expresa, precisa, clara e inequívoca" y especificando detalles como "la localización y características particulares" de dichos sistemas.
"La captación de imágenes deberá responder únicamente a la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes (...), debiendo de estar sujeta la instalación de los elementos a criterios de proporcionalidad y necesidad y sin que, en ningún caso, se pueda hacer uso de las imágenes para fines diferentes de aquellos para los que fue autorizada su instalación", precisa la enmienda.
En su propuesta, los morados señalan que tampoco se admitirá "en ningún caso" la captación de imágenes para el control directo ni discriminatorio de los trabajadores y, por lo tanto, estará prohibido instalar vigilancia en zonas de descanso y esparcimientos, como vestuarios, comedores o aseos.
Cs RECLAMA UN TRATAMIENTO PROPORCIONADO
"El consentimiento otorgado por los trabajadores o por sus representantes no bastará en ningún caso para alterar lo establecido en el presente apartado", continúa el texto de Unidos Podemos, que también recoge la prohibición de "grabaciones de audio" de las conversaciones de los trabajadores.
Ciudadanos también ha registrado sus propuestas para modificar este artículo, aunque en su caso mantiene el texto original propuesto por el Gobierno, es decir, que cuando se registre un delito no es necesaria la información al trabajador. Eso sí, apunta que este tratamiento de datos debe ser "necesario y proporcionado" respecto a los fines pretendidos con ello.
"Se entenderá que el tratamiento es proporcionado y necesario cuando, entre otros criterios, existan sospechas previas suficientemente fundadas, afecte a trabajadores concretos sobre los que se funden tales sospechas, sea limitada en el tiempo y no existan medios menos gravosos para lograr los fines pretendidos", argumenta la formación naranja, que también recurre a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para justificar esta modificación.
VIDEOVIGILANCIA EN LA VÍA PÚBLICA
Por otra parte, este mismo artículo de la ley la vigilancia en la vía pública. En este sentido, permite captar imágenes en la medida que "resulte imprescindible para la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones". Además permite extender esta captación cuando "fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes estratégicos o instalaciones estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte".
El PNV quiere eliminar esta última precisión acerca de la extensión de la vigilancia por "redundante", mientras que Unidos Podemos matiza que esta ampliación de la vigilancia en vía pública no puede suponer "en ningún caso" la captación de imágenes del interior de un domicilio privado a través de ventanas u otros elementos traslúcidos de la vivienda.
