MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP planteará este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas que la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo adopte las medidas necesarias, de no haberse implementado a fecha actual, para que los procedimientos de concesión, gestión y justificación de las subvenciones de los diferentes programas de integración de inmigrantes que puedan convocarse en el futuro entre 2007 y 2010.
Se trata de una de las propuestas de resolución que los 'populares' han presentado en el Parlamento, a las que ha tenido acceso Europa Press, tras conocerse el informe de fiscalización realizado sobre los fondos públicos aplicados por la mencionada Secretaría, un texto que fue presentado por el presidente del Tribunal de Cuentas a finales de octubre.
En concreto, este trabajo pone de relieve las "deficiencias" y "debilidades", así como falta de control interno y "discrecionalidad", en la concesión de subvenciones públicas a ONG para la atención de inmigrantes y refugiados por parte de la extinta Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración socialista.
El presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, defendió durante la presentación del mismo que confiaba en que la Ley de Transparencia iba a mejorar la gestión y la claridad de las subvenciones que se conceden a las ONG.
A su juicio, la mejora en la transparencia de las entidades que perciben subvenciones iba a ser "obvia y directa" con la puesta en marcha de esta normativa, por lo que no creyó que haya que modificar vigente Ley de subvenciones, dado que las ONG van a tener que incluir y detallar en sus cuentas la utilización de los fondos que perciben "con criterios de absoluta transparencia".
Es más, abogó por que, con carácter previo a la realización de las convocatorias de subvenciones, los auditores fijasen unos criterios para que su informe de auditoría sea homogéneo para todas ellas y "verdaderamente útil" para los fines de control del órgano.
PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
El informe de fiscalización se centra entre 2007 y 2010, años del PSOE al frente del anterior Gobierno. En este sentido, los socialistas argumentan que, desde la aprobación de la Ley de Subvenciones, las ONG y las unidades gestoras hicieron "grandes esfuerzos" en dotarse de instrumentos y recursos que hicieran posible el cumplimiento de la misma en aras de un mejor y mayor control por parte de los órganos gestores del dinero público, así como de una mayor transparencia en los procedimientos de acceso y gestión, y por parte de las ONG a la buena gestión, eficiencia y transparencia de sus actividades y de los recursos públicos.
En su opinión, se encontraron con diversas "dificultades", tales como las generadas por la propia ley y su "inadecuación" al perfil de las entidades y las actividades que se subvencionan, la falta de personal en las entidades gestoras para el acompañamiento y seguimiento de las entidades subvencionadas y la falta de recursos para la adquisición de herramientas que facilitarán la gestión de las ONG, entre otras.
Así, pide que las administraciones se han de dotar con más medios humanos y procedimientos para hacer su trabajo, las entidades tienen unos controles "complejos y permanentes" pero sigue pendiente un trabajo entre responsables de la Oficina Nacional de Auditoría, órganos gestores y Tercer Sector de Acción Social, para que estos procedimientos, "imprescindibles", faciliten el trabajo "eficiente" de las entidades.
CiU, por su parte, quiere que se pida al Gobierno la racionalización y la simplificación del sistema de ayudas a los inmigrantes. "Debe incorporar la territorialización de la gestión de los fondos públicos para la integración de los inmigrantes a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que las políticas de integración sólo se pueden gestionar adecuadamente desde la proximidad", sostienen los nacionalistas catalanes.
Por parte de la Izquierda Plural ven conveniente instar al Ejecutivo a seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en todo lo que respecta a la gestión de las líneas de subvenciones para los programas de integración de los inmigrantes, con el objetivo de que se mejore la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Es más, desean que el Gobierno restablezca el Fondo Estatal de apoyo a la recogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos, para potenciar las acciones a favor de los inmigrantes y mejorar la cohesión social.
