27 de enero de 2020
17 de octubre de 2019

El prior del Valle de los Caídos tiene "derecho y deber" de presenciar la exhumación de Franco, según los benedictinos

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, tiene "el derecho y el deber" de estar presente durante la exhumación de los restos de Francisco Franco, que el Gobierno llevará a cabo la próxima semana.

Durante la exhumación, el prior de la Abadía tiene "el derecho y el deber" de estar presente "como custodio de los restos mortales hasta la fecha", según aseguran a Europa Press fuentes de la Abadía del Valle de los Caídos.

Las mismas fuentes precisan que "la comunidad benedictina recibió la custodia de los restos mortales" de Franco por lo que el prior "debe" estar presente. Además, añaden que el dictador tiene "derecho a un responso".

La familia Franco ha pedido formalmente al Gobierno que se pueda celebrar un oficio religioso presidido por el prior en la Basílica del Valle de los Caídos, en el momento de la exhumación. Así lo solicitó en un escrito que dirigió el pasado lunes el abogado de los nietos de Franco, Luis Felipe Utrera Molina, al Consejo de Ministros.

También pide que se celebre una misa en el momento de la inhumación en el cementerio de Mingorrubio, y solicita que las dos ceremonias las oficie el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Por el momento, el Gobierno ha accedido a que se pueda celebrar una misa "breve e íntima" en el momento de la inhumación.

La vicepresidenta ha confirmado que la exhumación tendrá lugar "los primeros días de la semana que viene" --según fuentes del Gobierno, el lunes 21 o 22 son fechas probables, como informó Europa Press el pasado domingo-- y ha explicado que toda la operación se llevará a cabo sin "ninguna intención de escarnio" por parte del Ejecutivo, que garantizará que todo se haga con respeto a esos restos humanos y a sus familiares.

Desde el Ejecutivo también se subraya que la exhumación de Franco es una decisión del Gobierno, avalada por el Tribunal Supremo, y que por tanto es el Ejecutivo el que fija las condiciones en que se llevará a cabo, sin que la familia pueda establecer sus exigencias.