MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley que prepara el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para la protección jurídica de la mujer embarazada contempla, entre otras medidas, ayudas especiales para las menores que se encuentren en estado de gestación, la ampliación de la baja de maternidad de 16 a 20 semanas y una baja 'prenatal' y remunerada para los 20 días previos a la fecha prevista para el parto, según el borrador del texto al que ha tenido acceso Europa Press.
La iniciativa fue anunciada esta mañana por el presidente del PP, Mariano Rajoy, durante un encuentro con los jóvenes de Nuevas Generaciones de su partido, en el marco de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos de Barcelona.
En concreto, en el borrador del documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que las menores de edad embarazadas tengan derecho a la adaptación temporal del periodo de escolarización, de modo que puedan cursar las enseñanzas en varios años académicos.
Asimismo, los 'populares' plantean que, "en los casos en los que resulte médicamente aconsejable", se potencien los sistemas de atención escolar domiciliaria a las menores. Para todo ello, el centro docente debe implicarse en facilitar la formación de la alumna embarazada.
Además, piden que las menores tengan derecho a recibir otras prestaciones especiales, como son la educación para la maternidad, --adecuada a su edad y circunstancias--, apoyo psicológico antes y después del parto, formación afectivo-sexual, e intervención familiar. Estos "apoyos y derechos" se reconocen también al padre menor de edad "que pueda justificar un comportamiento de paternidad responsable".
Para la formación de los preuniversitarios, el PP propone que se introduzca como objetivo "la información sobre la vida en formación y la valoración de la maternidad, así como una adecuada formación afectivo-sexual".
UNA NUEVA BAJA
Otra de las medidas que se plantean es que la madre gestante tenga derecho a una baja prenatal, "totalmente remunerada", de 20 días previos a la fecha prevista de parto y que se aumente de 16 a 20 semanas el periodo de baja maternal.
El documento también propone que la madre pueda emitir el asentimiento para la adopción de su hijo en cualquier momento del embarazo y después del parto, pudiendo revocarlo antes de que transcurran dos meses desde el nacimiento.
Los promotores de esta proposición piden al Ejecutivo que fomente la creación de entidades u organizaciones de iniciativa social de ayuda a las madres, para lo que promoverá la calificación de entidad de apoyo a la maternidad. También solicitan se potencien las redes de voluntarios que atienden a las mujeres durante la gestación y en los primeros meses de vida del niño.
CENTROS DE INFORMACIÓN DE AYUDAS
Otra de las propuestas es que el Gobierno impulse la creación de centros y equipos de atención a la maternidad que faciliten la información de manera personalizada y comprensible de todas las ayudas --públicas y privadas-- que pueden recibir las madres para culminar la gestación.
Proponen que en todos los centros asistenciales y sanitarios, así como los centros de atención a la inmigración, exista un espacio propio para facilitar a las mujeres embarazadas o sus familias toda la información sobre las ayudas de la ley.
LA FIGURA DEL PADRE
En cuanto a la figura del progenitor, se pide que se adopten medidas legales y administrativas que "propicien que el padre se responsabilice de ayudar a la mujer en todas sus necesidades derivadas del embarazo y la maternidad".
Asimismo, demandan que se considere como ya nacido al concebido a efectos de la obtención de beneficios fiscales o de cualquier otra índole que estén asociados al número de hijos. Del mismo modo, el PP reclama que se fomente el reconocimiento social hacia las madres gestantes y los hijos aún no nacidos.
En el borrador texto, se establece una especial atención a madres gestantes en situación de vulnerabilidad y con necesidades específicas, como son --además de las menores--, las que tienen alguna discapacidad, las inmigrantes y aquellas a cuyo hijo no nacido se haya diagnosticado alguna enfermedad o discapacidad.
En caso de que no se cumplan las ayudas de esta ley, la norma prevé que la madre gestante pueda solicitar la intervención de la Administración competente, del Ministerio Fiscal o del Defensor del Pueblo.
En resumen, la proposición de ley tiene como objetivo "la protección jurídica de la maternidad y del hijo no nacido, a través del reconocimiento de derechos para promover una verdadera política de maternidad", según explicaron a Europa Press fuentes que han participado en la elaboración del texto.
Estas fuentes aseguraron que la propuesta del Grupo Popular, elaborada en colaboración con catedráticos de Derecho Civil y con asociaciones de familia, se trata de un "bloque de medidas de apoyo social, médico, psicológico y laboral para que la madre pueda llevar a término su embarazo con plenas garantías, indistintamente de cuál sea su situación personal".
