MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Senado rechazó hoy una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se instaba al Gobierno a crear juzgados especializados en procesos donde la víctima del delito sea un menor. La propuesta no contó con el apoyo de ningún otro grupo.
El PP pretendía evitar que estas víctimas, por su especial situación de vulnerabilidad, sufran una mala experiencia durante los juicios, tanto de índole psicológica, como otras molestias que puedan poner en peligro su desarrollo personal.
Sin embargo, el resto de la cámara rechazó esta iniciativa, teniendo en cuenta que la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya contempla medidas para proteger a los menores que sean víctimas o testigos de delitos de especial gravedad, como los abusos sexuales. En estos casos, el juez debe evitar la confrontación visual con el inculpado, a través de medios técnicos.
José Ferrández, el senador del PP que defendió la moción, valoró de manera positiva esta reforma, incluida en la Ley del Menor, pero la valoró "insuficiente" y como "un tímido avance" de cara a la protección de este colectivo.
SIMILAR A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El PP parte de la premisa de que la atención a los menores durante el proceso penal es "mínima" en relación a los delincuentes de esta misma edad. De hecho, contempla la posibilidad de que los propios juzgados de menores podrían especializarse en este colectivo, tal y como ocurre en los casos de violencia de género.
Por ello, reclama dotar a los juzgados de recursos humanos especializados en el trato a menores y materiales suficientes que garanticen una efectiva protección de estos menores. "Tenemos una legislación específica que regula la responsabilidad penal de los menores y en cambio parece que no damos protección suficiente a los menores cuando estos son las víctimas", destacó el senador del PP.
Ferrández apuntó que, en estos casos, los menores no son sólo las víctimas del delito, puesto que el proceso judicial "desencadena lo que se ha dado en llamar una victimización secundaria". Según dijo, el menor no sólo sufre las consecuencias directas del delito, sino que además "debe soportar un proceso penal adverso que, cuando menos, podemos decir que le va a causar problemas y molestias añadidas".
El senador pretendió así hacer "una llamada de atención sobre una cuestión que está en boca de muchos profesionales y expertos en la materia". "Es reflejo de una importante demanda social", destacó advirtiendo de que la atención a las víctimas "es mínima desde el punto de vista legislativo y doctrinal".
UN INFORME DE FUNCIONAMIENTO
El Grupo de la Entesa Catalana de Progrès (tripartito catalán) propuso al PP una enmienda de sustitución con el fin de realizar un informe sobre el funcionamiento de la Ley de Enjuiciamiento crimina y la protección de los menores víctimas y testigos de delitos. El objetivo sería la puesta en marcha de protocolos de actuación y medios materiales y humanos.
El senador Miquel Bofill (ERC) advirtió de que la creación de los juzgados propuesta por el PP es una medida "compleja y costosa", que crearía problemas en la designación de titulares y de coordinación. Además, apuntó que los juzgados de menores "ya se encuentran saturados", por lo que su especialización supondría un "flaco favor a la justicia".
