VALENCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, recordó a la Consejería de Sanidad el derecho de los ciudadanos a expresarse en valenciano después de que un médico del centro de salud de San Blai, de Torrent (Valencia), se negara a atender a un paciente que le hablaba en esta lengua.
El síndic recibió una queja por parte de este paciente que le explicaba que en una cita con el facultativo del centro de salud, le relató sus dolencias en valenciano y éste le exigió que le hablara en castellano. Al negarse, el médico abandonó la consulta reclamando "estoy harto de gilipolleces". Tras ello, no le atendió ningún otro experto ni la coordinadora del centro, que no se encontraba en el edificio.
Tras recibir la queja, el síndic pidió explicaciones a la dirección general de Calidad y Atención al Paciente, quien aseguró que el médico "en ningún momento" se negó a atender al paciente, y que incluso éste le ofreció la posibilidad de buscar a otro facultativo para facilitarle la atención sanitaria, ante sus dificultades para establecer una correcta comunicación.
Ante ello, el síndic concluye, en primer lugar, que es "incuestionable", "y así lo reconoce la administración afectada", el derecho que le asistía al promotor de la queja a expresarse en valenciano y de ser atendido sin que se produjera ninguna forma de discriminación por usar esa lengua ni ninguna exigencia de traducción.
Además, indica que de la investigación realizada se deduce que este derecho "no fue respetado" por parte del personal que se encontraba de servicio al público en el momento en que ocurrieron los hechos objeto de esta queja.
Por este motivo, el síndic se ha dirigido a la consejería y le ha recordado la obligación de garantizar que, en los servicios públicos directamente dependientes de la administración, las personas que trabajen y que tengan una relación directa con el público deben tener suficiente conocimiento del valenciano para atender "con normalidad" el servicio que tengan encomendado, "de manera que no se produzca ninguna discriminación o exigencia de traducción".
Así mismo, le aconseja que adopte las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en valenciano.
