Piden a los registradores que rechacen asumir esta competencia y actuarán para evitar que esta idea llegue al Consejo de Ministros
MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos representativos del sector Justicia se reunirán mañana, lunes, para diseñar una estrategia dirigida a frenar que la "privatización" del Registro Civil llegue a la mesa del Consejo de Ministros. Exigen que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, retire su idea de entregarlo a los registradores, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
Los sindicatos han convocado un encuentro urgente después de conocer que el decano de los Registradores envió la pasada semana una carta a todos sus afiliados en la que aseguraba que el Gobierno ya les había asignado esta competencia en la que tendrían "plena capacidad auto-organizativa".
Por su parte, el Ministerio de Justicia, ha asegurado no tener una decisión definitiva sobre si serán los registradores o los secretarios judiciales los encargados de gestionarlo. El próximo julio entra en vigor la ley del Gobierno socialista que lo desjudicializaba para dejarlo en manos de funcionarios o fedatarios públicos.
Las centrales sindicales abordarán el camino a seguir como consecuencia de la "opacidad" con la que se está fraguando esta reforma y el desprecio que, a su juicio, se ha infringido a las propuestas que han entregado al Ministerio de Justicia en defensa de un Registro Civil público y gratuito.
Los sindicatos apuestan por la experiencia y el conocimiento de los miles de funcionarios y reclaman a Gallardón que dote de medios personales y materiales suficientes a los registros civiles para no dejarles en la "penuria".
CARTA A LOS REGISTRADORES
CSI-F ha dirigido además una carta al presidente del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, en la que pide que su colectivo rechace asumir esta competencia ya que no existe el necesario "consenso social".
Recuerda que los propios registradores rechazaron el pasado año de forma mayoritaria asumir el Registro Civil y pusieron dos condiciones para gestionarlo. Por una parte, que llevara aparejado un sistema de financiación estable y suficiente, y por otra, que fuera el resultado de un amplio consenso social.
"El consenso social tampoco existe en la ciudadanía a la que claramente el Ministerio de Justicia ha engañado", expone la misiva, para mostrar su preocupación por que este servicio público se convierta en una actividad mercantil sometida a precio por cada acto que realice.
"Los ciudadanos, además de pagar sus impuestos van a tener que volver a pagar por la prestación del servicio con una diferencia fundamental, que su dinero no va a ir a las arcas del Estado en beneficio de todos, sino al bolsillo de los Registradores de la Propiedad", recoge el texto.
